La cárcel de Dueñas vive su año más violento, con diez agresiones a funcionarios hasta octubre

El centro penitenciario Madrid V, situado en la localidad de Soto del Real, es el que más agresiones a funcionarios ha contabilizado en los nueve primeros meses de 2022, con un total de 18, seguido de cerca por la prisión de Sevilla II, en Morón de la Frontera con 17, y de El Puerto III-Cádiz, con 15. Además de los mencionados, solo Las Palmas II, con 13, y Valencia, Teixero (A Coruña) y Algeciras, las tres con 11, suman más agresiones a funcionarios de prisiones que las 10 contabilizadas en el centro penitenciario de La Moraleja. En la cárcel de Dueñas, en todo el año pasado se registraron 6 agresiones a funcionarios; en 2020, 3; en 2019, 2; en 2018, 6, y en 2017, 2016 y 2015, 4 cada año.

«Hay que recordar que, a finales de 2017, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó, junto a los sindicatos CSIF y UGT-Acaip, un protocolo específico para contabilizar las agresiones a los funcionarios en las cárceles españolas con un criterio distinto al del resto de la Administración General del Estado. Con ello se conseguía blanquear los totales y que los insultos, amenazas de muerte, empujones, salivazos o tocamientos, si no dejan marca física que no pueda reflejarse en un parte médico, no se contabilizasen», subraya TAMPM.

«Tras superarse las 300 agresiones anuales en el trienio 2015-2017, la nueva forma de contabilidad de las agresiones diarias que sufren los funcionarios penitenciarios hizo que en los años 2018 y 2019 no llegaran a 250. En los años 2020 y 2021 se han visto reducidas estas agresiones debido al cierre que han sufrido las instalaciones penitenciarias en cuanto a la entrada de personas ajenas a la institución y a la restricción de comunicaciones con familiares a causa de la pandemia. Ello ha provocado que se limitase casi en su totalidad durante periodos prolongados la entrada de sustancias estupefacientes, que son el origen de muchas de las situaciones de peligro que se sufren en las cárceles del país», agrega la asociación profesional de trabajadores penitenciarios.

TAMPM sigue denunciando que el Gobierno continúa sin reconocer la condición legal de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. «La proposición de ley que les dotaría de tal condición fue presentada el 24 de julio de 2020 y calificada el 2 de septiembre de ese mismo año. Desde entonces y hasta el 29 de marzo de 2022, fecha en la que se votó la toma en consideración en la Cámara Baja, ha habido muchas agresiones a funcionarios. Ese año y medio de tener guardada en el cajón la proposición de ley da una idea de lo prioritarios que son para el Gobierno los funcionarios de instituciones penitenciarias», concluye.