Los bomberos profesionales afean «el empeño en hacer las cosas mal» de la Diputación en Cascajares

«Recordamos a la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y a su 'responsable' en la materia, Adolfo Palacios, que desde 1985, por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, los Servicios de Prevención de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) en municipios con población inferior a 20.000 habitantes son competencia exclusiva de la Diputación Provincial, 38 años de retraso en el que tiempo han tenido de hacer cosas y hacerlas bien. Este servicio, esencial, debe ser prestado únicamente por funcionarios de carrera con carácter de agente de la autoridad, según dicta la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León, ya que las leyes son para cumplirlas y más por sus gobernantes, que deben dar ejemplo. No son interpretables según venga en gana, y menos contra la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la providencia posterior del Supremo», señala la plataforma.

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«La Diputación únicamente dispone de cinco bomberos profesionales para prestar dicho servicio, a todas luces insuficientes para siquiera imaginar lo que pudiera ser un servicio eficiente. Es decir, un servicio incompleto e inacabado en donde no pueden formar parte directa los voluntarios. Su idea de servicio mixto no existe porque no lo permite la ley», agrega la plataforma, que incide en cómo, de conformidad con la ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León y otras leyes de rango estatal, los 'voluntarios' de extinción «son colaboradores de los bomberos profesionales y solo deben desarrollar labores complementarias de apoyo a los profesionales».

«La Diputación Provincial de Palencia incurre en una ilegalidad manifiesta cuando financia y promociona asociaciones de 'voluntarios' en diversos municipios para desarrollar funciones de bomberos profesionales, amparándose e involucrando a ayuntamientos que ni pueden, ni saben, ni tienen obligación. Estas asociaciones de 'voluntarios' son la herramienta necesaria para cometer dicha ilegalidad, además de 'prestar' un servicio deficiente, insolvente y, en ocasiones, inoperante, con dramáticas consecuencias como hemos confirmado la semana pasada. Todo ello, acometiendo funciones ni propias ni permitidas por la ley», subraya la plataforma.

«Un conato de incendio en una industria se convierte en un desastre para un empresario y para más de 60 familias. Algo no ha funcionado y por ello es necesario cuestionar cuál es el problema. ¿Cómo ha sido posible que se haya llegado esta situación?», se pregunta la Plataforma Profesional de Bomberos de Castilla y León.

«El aviso era de un incendio de un motor en una empresa. Poco importa si el motor estaba fuera o dentro. Para un profesional, es un incendio industrial siempre. Por conocimiento, por experiencia, el riesgo de propagación siempre existe. A la llegada de los primeros voluntarios ya se comprobo que era incendio industrial. ¿Por qué no se activó ya a bomberos profesionales? ¿Por qué solo se solicitó ayuda a otro parque de voluntarios? ¿Dónde se encontraban los cinco únicos bomberos profesionales de la Diputación? Algunos, si no todos, conocemos las respuestas. Y también la pasividad, necedad y arrogancia de los responsables de la Diputación y el empeño por hacer las cosas al revés y rematadamente mal», concluye la plataforma, que exige a la Diputación Provincial que avance en la profesionalización del servicio de bomberos.