El 82% de los ayuntamientos de Palencia han rendido cuentas

El 80% de los ayuntamientos de Castilla y León ya han rendido las cuentas de 2023, según ha manifestado este miércoles en Palencia el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, tras una reunión con la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén. Asimismo, durante el encuentro, Amilivia emplazó a las diputaciones a acometer medidas de apoyo para suplir las carencias que tienen las entidades locales, especialmente las que tienen menor capacidad económica y de gestión.

En ese sentido, el presidente del Consejo señaló que en la provincia de Palencia el 82% de los ayuntamientos habían rendido las cuentas del año 2023, dos puntos por encima de la media de Castilla y León, convirtiéndose en la cuarta en el cumplimiento de esta obligación por detrás de Zamora, con el 87%, Salamanca (85%) y Ávila, con un 83%. Tras la provincia de Palencia, se encuentran Soria y Valladolid, con el 78%, León, con un 77% y Burgos y Segovia, con un 75%.

Hasta la fecha, han rendido cuentas 156 ayuntamientos (82%); 134 entidades locales menores (60%) y 19 mancomunidades y otras entidades (66%). En resumen, lo han hecho 310 de las 444 entidades del sector público de Palencia.

«Somos la cuarta comunidad en datos de rendición de todo el país», señaló Mario Amilivia tras la reunión. «Eso demuestra el gran compromiso ético que tienen nuestros alcaldes y concejales en los pequeños municipios que conforman un voluntariado desinteresado en servicio de las comunidades», según recoge Ical.

En el encuentro de esta mañana, el Pleno del Consejo presentó a Armisén el Plan de Fiscalizaciones de 2025, entre cuyos trabajos previstos están el análisis de la asistencia técnica-informática prestadas a los municipios por las diputaciones y entidades equivalentes de la comunidad, especialmente en el ámbito de la seguridad informática. También, en esta misma línea, está en realización una fiscalización sobre el nivel de prestación y asistencia de la Diputación de Palencia a los pequeños municipios, en la etapa 2019-2022, una auditoría que también está previsto realizar este año al resto de instituciones provinciales de Castilla y León.

La presidenta de la Diputación de Palencia aseguró tras el encuentro en la institución provincial que esta institución es muy importante para el control externo de las administraciones públicas y las entidades locales. «Siempre estamos atentos a la mejora y a que medidas tenemos que poner en marcha para mejorar. Los datos de Palencia están por encima de la comunidad y eso tiene que ver mucho con el servicio de asistencia a municipios de esta institución», destacó.

Durante la reunión, se abordó la importancia del papel que la normativa atribuye a las diputaciones en su labor de cooperación y asistencia a las entidades locales, especialmente a las de menor tamaño. En esta línea, Amilivia señaló que, aunque todas las entidades locales de Castilla y León (con 2.248 municipios, nueve provincias, una comarca, 275 mancomunidades y 2.207 entidades locales menores) están obligadas a relacionarse entre sí por medios electrónicos, muchas veces están presentes las dificultades y carencias para ejercer por esta vía las competencias que el ordenamiento jurídico les atribuye, lo cual lleva implícita la obligación de iniciar las correspondientes medidas de adaptación.

Por todo ello, el presidente del Consejo de Cuentas emplazó a que, desde la Diputación palentina y por extensión desde el resto de las instituciones provinciales de la comunidad, se desplieguen las oportunas medidas de apoyo y asistencia técnica para que todas las entidades locales de sus respectivos ámbitos territoriales puedan adaptar su funcionamiento al entorno de la administración electrónica, al que por imperativo legal se encuentran obligadas.

Al respecto, apuntó que el informe sobre la situación de los municipios de Castilla y león más incumplidores de la rendición de cuentas, aprobado el mes de octubre pasado, recoge que, según los propios ayuntamientos, las causas que motivan el incumplimiento de esta obligación legal guardan relación con factores como la falta de medios personales y retraso en la llevanza de la contabilidad, así como la falta de medios informáticos y problemas con la generación de los ficheros de la cuenta general derivados de la aplicación contable del ayuntamiento.

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