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Fue muy vehemente. El concejal de Hacienda, Carlos Hernández, no se anduvo con contemplaciones con respecto a lo primero que pensó al recibir el proyecto para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el casco histórico de la ciudad. «Lo primero que pensé ... fue en tirarlo a la basura», manifestó durante el pleno, a pesar de que él era el encargado de defender la propuesta que permitiría conseguir la financiación para llevarlo a cabo.
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Fue la alcaldesa, Miriam Andrés, la que frenó ese primer impulso del edil socialista. Le pidió que le diera una vuelta, que buscase una solución y eso es lo que finalmente terminó defendiendo en el pleno municipal. Ese deseo de arrojar el proyecto a la basura no venía derivado de que su grupo no apoye la propuesta de establecer una Zona de Bajas Emisiones en la parte más céntrica de la ciudad, venía de que la propuesta heredada del anterior equipo de gobierno municipal, del PP y Ciudadanos, les caía encima sin capacidad de financiación y sin los proyectos de ejecución de las obras redactados, con un escaso margen de tiempo para resolver estos problemas, porque para no perder la subvención europea, el Ayuntamiento debe publicar en la Plataforma de Contratación de las Administraciones Públicas los pliegos para la licitación de esas obras con la fecha límite del 22 de septiembre, un solo día después de la celebración de este pleno.
Al final, lo que se ha aprobado, con el rechazo de Vox, contraria al modelo de las Zonas de Bajas Emisiones, han sido una serie de modificaciones presupuestarias, que cambian el plan de inversiones y que posibilitan la petición de un préstamo por 1,7 millones de euros para afrontar esos gastos que tiene que cofinanciar el Ayuntamiento. Parte de ese préstamo se destinará también a pagar una reforma integral de la plaza del Virrey Velasco.
De esta forma, al haberse conseguido la capacidad financiera para el proyecto, el Ayuntamiento podrá ejecutar el plan que fue diseñado por el anterior equipo de gobierno, que lleva cuatro proyectos diferenciados. Uno, destinado a la implantación de un sistema de cámaras de control de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ocupa todo el casco histórico), la semipeatonalización desde San Lázaro hasta Antonio Maura, pasando por los Cuatro Cantones; la mejora de otro tramo de Mayor Antigua y la plaza de Cervantes; y la instalación de once aparcabicis inteligentes.
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