El Ayuntamiento pedirá un crédito por 26,8 millones para pagar el convenio de la calle Jardines

Los técnicos de ambas instituciones, el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación Provincial, han comprobado que existen importantes dificultades de ejecución material para plantear un sistema mixto de pago, en el que se combinase el abono de una parte en metálico, mientras que la cuantía restante se pagase en especie, con la entrega a la institución provincial de solares.

Esta era una de las propuestas que se estaban barajando, dado que resultaba en principio menos gravosa para los intereses económicos del Ayuntamiento. Pero, según comunicó ayer el Consistorio no resulta viable y todo el pago se hará en metálico.

También existía una propuesta de reducir la cuantía de la indemnización por la cantidad que suman los intereses, para que el Ayuntamiento únicamente tuviese que aportar los 17 millones de euros que se establecieron en su momento como justiprecio por la operación urbanística. Los otros nueve millones y pico, hasta llegar a los 26,8 que se reclaman, corresponden al pago de los intereses. Así, se planteaba desde algunos grupos políticos de la oposición que se estableciese una 'quita' por esos nueve millones y pico de intereses, pero los servicios técnicos también han remarcado que no se trataría de una posibilidad legal, con lo que ha quedado descartada.

De esta forma, ya solo queda el pago íntegro en metálico, para lo que el Ayuntamiento tiene que conseguir una cuantía económica que supone alrededor de un tercio de su presupuesto anual (que ronda los 80 millones de euros).

Es una cantidad tan elevada que no puede asumirse con los recursos corrientes del Ayuntamiento, por lo que se ha decidido recurrir a la solicitud de un crédito, aunque no se hará en el marco del mercado financiero, sino que será el Estado quien financie la operación de préstamo, en unas condiciones ventajosas que no conllevan la suma de intereses.

Para ello, se solicitará el crédito al Fondo Estatal de Financiación a Entidades Locales, habilitado por el Ministerio de Hacienda para ayudar a los ayuntamientos a hacer frente a resoluciones judiciales que pueden poner en riesgo su solvencia económica. Este préstamo, según explicaron el concejal de Hacienda, Luis Miguel Cárcel, y el alcalde, Mario Simón, en el pleno en el que fue autorizada la posibilidad de recurrir a él, no conlleva intereses, por lo que es más rentable que buscar el dinero en el mercado libre. Además, se establecen unos plazos de devolución pactados para que no supongan un quebranto a las arcas municipales. Tras el acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento, ahora debe ser primero la Comisión de Urbanismo la que dictamine la operación y posteriormente el pleno municipal.

Plan de inversiones

El acuerdo no se limita al pago de la indemnización por la expropiación efectuada en 2011 del terreno de la calle Jardines, puesto que también se incorporan algunas medidas de compensación para el Ayuntamiento. En este sentido, la Diputación se ha comprometido a elaborar un plan provincial de inversiones, del que se podrá beneficiar la ciudad, por una cuantía de esos más de nueve millones de euros que corresponden a la acumulación de los intereses desde el año 2010, en el que se firmó el acuerdo de remodelación urbanística de la zona de San Telmo, en el que se incluía entre otras medidas la expropiación del tramo necesario para completar la calle Jardines.

La Comisión Territorial de Valoración decidió en aquel momento que el precio del suelo que iba a ocupar el Ayuntamiento era de 17 millones de euros, basándose en las condiciones de edificabilidad que estaban fijadas en el anterior Plan General de Urbanismo, del año 1992.

Aquel acuerdo expropiatorio estaba pensado para que el Ayuntamiento compensase ese dinero a la Diputación con las plusvalías obtenidas por la venta de terrenos y con diversas modificaciones en las calificaciones urbanísticas. Sin embargo, al entrar en vigor nuevas normativas de urbanismo y un nuevo Plan General, todas esas condiciones quedaron imposibilitadas, con lo que el convenio nunca llegó a cumplirse y lo único que se llevó a cabo fue la expropiación del suelo para la calle Jardines.

El Ayuntamiento nunca compensó a la Diputación y el convenio seguía en vigor, incumpliéndose y generando intereses. Finalmente, la situación derivó en un conflicto judicial de años, que se ha resuelto en favor de los intereses de la institución provincial y se ha ordenando que se cumpla el acuerdo de 2010 en todos sus términos. Y este especificaba que si no había esa compensación con las plusvalías y los aprovechamientos urbanísticos, debía pagarse en metálico, que es lo que finalmente va a hacerse.

Así, una vez que pague el Ayuntamiento su deuda, para lo que se han dado de plazo todo el año 2022, la Diputación incluirá en sus planes provinciales proyectos de ejecución de infraestructuras en la capital palentina por esa cuantía de más de 9 millones de euros correspondiente a los intereses. Esta es una propuesta que partió del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, cuyo apoyo, o al menos su abstención, será fundamental para que el acuerdo pueda salir adelante.

De hecho, bastaría con que se abstuviese cualquiera de los tres grupos de la oposición, ya que el equipo de gobierno suma doce votos y en caso de empate, se recurre al voto de calidad del alcalde que tiene doble valor.

Los grupos de la oposición todavía no se han pronunciado públicamente sobre cuál será su postura, aunque, durante las últimas sesiones plenarias, en las que se ha abordado el conflicto de la calle Jardines, Vox ha sido especialmente crítico con los pasos que ha ido dando el equipo de gobierno para intentar solicitar el crédito, con lo que es más que previsible un voto en contra.

El apoyo del PSOE o su abstención es más fácil de conseguir, dado que el acuerdo de 2010 se firmó durante el mandato del socialista Heliodoro Gallego. Además, fue el grupo del PSOE el que planteó la idea de que la Diputación compensase al Consistorio con esas inversiones por la cuantía generada por los intereses de demora.

Llamamiento al acuerdo

«La propuesta de solución que hemos presentado, y en la que llevamos trabajando varios meses, es la única que cuenta con el apoyo de los técnicos y nos permite poner punto y final a un problema histórico», explicó ayer el alcalde de Palencia, Mario Simón, en un comunicado remitido por el Ayuntamiento.

El regidor recordaba además que el Ayuntamiento está «obligado a cumplir con la sentencia» e hizo un llamamiento a los grupos de la oposición para que permitan que el acuerdo salga adelante en el pleno, «porque, como ya les hemos manifestado en las reuniones, es la única solución viable económica y técnicamente».

Por su parte, la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, aseguraba que «la Diputación colaborará, como lo ha venido haciendo hasta ahora con el Ayuntamiento de la capital, para alcanzar la mejor solución posible para los palentinos, ya residan en la capital o en la provincia. Este proceso de acuerdo se ha alcanzado a través de un intenso trabajo de diálogo y lealtad institucional».