El Ayuntamiento de Palencia deberá pagar 25 millones a la Diputación por la calle Jardines

También han adelantado que estudiarán la forma de compensar esos 25 millones, que pueden ser en forma de terrenos o solares.

Cumplir íntegramente el convenio, con todas las cláusulas que incluye, supone que el Ayuntamiento debe pagar a la Diputación de Palencia alrededor de 25 millones de euros, como compensación por los terrenos expropiados y las cesiones urbanísticas complementarias, términos valorados algo más de 19 millones de euros, a los que hay que sumar otros seis millones correspondientes a los intereses acumulados desde el año 2010, cuando se firmó el convenio tras desistir del litigio que las dos entidades mantenían al no estar de acuerdo con el justiprecio establecido por la Comisión Territorial de Valoración el 19 de octubre de 2007.

Esta elevada cantidad económica se debe al coste de expropiación del terreno necesario para completar el trazado de la calle Jardines y al resto de la operación urbanística que se incluía en el convenio. Si se hubiese cumplido tal y como se estableció en el año 2010, el Ayuntamiento, además del terreno de la calle Jardines, ocuparía parte de otra parcela para unir dos calles en pleno barrio de Santiago y también recibiría la titularidad de las instalaciones deportivas de la zona de San Telmo.

Por su parte, la Diputación, propietaria de todos esos solares y equipamientos se beneficiaría de una recalificación urbanística, con un aumento de la edificabilidad, que le permitiría obtener unas ganancias de cerca de 20 millones de euros. Sin embargo, la normativa urbanística y el Plan General de Ordenación Urbana de Palencia impiden esa operación, con lo que lo único que se ha cumplido del convenio es la parte relativa a la ocupación del terreno para prolongar la calle Jardines.

El Ayuntamiento planteaba que solo debería pagar la compensación por el terreno ocupado de la calle Jardines (algo más de 2,5 millones de euros), dado que no se ha llevado a cabo ninguna otra cláusula del convenio y la Diputación ha reclamado el cumplimiento íntegro del convenio.

Esto ha llevado a que durante años se hayan venido firmando prórrogas para dilatar la ejecución, con lo que también han aumentado los intereses y de esos 19 millones iniciales, se ha llegado en estos momentos a una deuda de 25, que es la que exigía la Diputación y por lo que recurrió al TSJ. Por su parte, el Ayuntamiento no estaba dispuesto a pagar, argumentando que el convenio es nulo –aunque también el argumento fue desestimado por el Consejo Consultivo de Castilla y León–.