El Ayuntamiento formaliza la demanda contra el primer tramo del Ave a Cantabria

El problema, según estima el Ayuntamiento, radica en que las obras de ese primer tramo del Ave incluyen una serie de elementos constructivos que impedirían desarrollar el trazado fijado para el soterramiento en el estudio informativo de 2010. Las obras, que ya se encuentran en ejecución, si se completan tal y como figuran en ese proyecto constructivo para el que se pide la anulación, obligarían a recortar el soterramiento previsto en unos cuatrocientos metros.

A partir de ahora, el Ayuntamiento, una vez que ha comunicado su interés en presentar el recurso, que debe hacerse ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, debe formalizar la demanda concreta, que ya están elaborando los servicios jurídicos contratados por el Consistorio. En esa demanda, según explicó el concejal de Hacienda, se incluirá una petición cautelar de suspensión de las obras, con el fin de que no se siga avanzando en los trabajos y, en el caso de que se dé la razón al Ayuntamiento, la reversión del proyecto para ajustarse con el estudio informativo resulte lo más sencillo posible.

Sin embargo, Carlos Hernández también explicó que existe ya un procedimiento previo contra ese proyecto constructivo, a partir de una demanda presentada por Ecologistas en Acción, en la que ya se ha solicitado previamente la suspensión cautelar de las obras. El edil señaló que la lógica lleva a pensar que habrá una resolución judicial relativa a esa suspensión cautelar solicitada por los ecologistas anterior a la petición que formule el Ayuntamiento, por lo que esa decisión podría condicionar la actuación de los juristas municipales. El edil señaló que si el juez rechaza previamente la suspensión cautelar de las obras, entrando a fondo en el análisis del procedimiento, no tendría sentido que el Ayuntamiento pidiera esas suspensión cautelar. Si la desestima por un defecto de forma o por entender que Ecologistas en Acción no está legitimada para efectuar la petición, el Ayuntamiento seguiría adelante para que el juez se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

Esta suspensión cautelar se solicita para evitar que se pueda dar la circunstancia de que una posible fallo judicial favorable al Ayuntamiento llegue cuando ya se hayan terminado las obras, con lo que se trataría de una sentencia ilusoria, de muy difícil ejecución, puesto que supondría el derribo de unas grandes infraestructuras por las que ya estarían circulando unos trenes.

El Ayuntamiento de Palencia basará también su argumentación en que no recibió formalmente de Adif el proyecto constructivo de ese primer tramo del Ave a Cantabria hasta el 15 de noviembre de 2023, momento en el que inició los procedimientos que marca la ley para reclamar oficialmente la paralización de las obras, en todo momento dentro de los plazos previstos y siguiendo los cauces de relación entre las administraciones públicas, primero mediante un requerimiento, que se envió el 29 de diciembre, y ahora mediante el recurso ante los juzgados, una vez que el pasado 29 de enero Adif contestó negándose a paralizar las obras.

La empresa ferroviaria ha argumentado que la petición del Ayuntamiento es extemporánea (fuera de plazo), ya que según explican en su resolución el Consistorio tenía conocimiento del proyecto desde el año 2021, sin que en aquel momento inicial presentase alguna alegación en contra, ni plantease algún impedimento a lo largo de todo el año 2022, a medida que avanzaba la tramitación del proyecto. Sin embargo, el concejal de Urbanismo ha insistido en que la comunicación oficial del proyecto constructivo, tal y como marca la ley, no se recibió en el Consistorio hasta el 15 de noviembre de 2023, con lo que se está aún en plazo para pedir la paralización de las obras.

Álvaro Bilbao ha lamentado que durante el anterior mandato, en el que gobernó el PP en coalición con Ciudadanos, no se hubiese dado ningún paso para frenar este proyecto, dejando incluso transcurrir en silencio administrativo el primer plazo para presentar alegaciones, cuando se recibió el proyecto básico en el año 2021. «Con esta actuación, y lo que hemos venido haciendo en estos seis meses desde el equipo de gobierno, y en especial la alcaldesa, un requerimiento entre administraciones, una remisión de un informe diciendo que el proyecto constructivo no se adecúa a los estudios informativos de 2010 y 2018, la interposición de un recurso ante el Contencioso Administrativo, las dos visita que hemos tenido en Madrid, la visita de Adif en Palencia, creo que son numerosos actos que creo que lo que hacen es reflejar la posición de la alcaldesa con respecto a este tema y el trabajo que se ha desarrollado. Con lo cual, entendemos que esas críticas que se están recibiendo desde Ecologistas en Acción o desde la Asociación en Defensa del Soterramiento son infundadas y ya nos hubiese gustado que estas asociaciones las hubiesen hecho en 2021, en 2022 o a principios de 2023, cuando otra corporación pasó de largo con respecto a este tema«, manifestó Álvaro Bilbao.

También se refirió a esas críticas de inacción o elusión de responsabilidades que se han vertido sobre la alcaldesa, Miriam Andrés, por la actuación del equipo de gobierno en el conflicto con Adif, recordando que el Ayuntamiento es una administración pública que debe actuar siempre conforme a ley y a los plazos que establecen los diferentes procedimientos administrativos. El concejal de Hacienda y primer teniente de alcalde, insistió además en que «Adif no puede considerarse un enemigo del Ayuntamiento». Hernández recordó que se trata de otra administración pública con competencias en esta misma materia, por lo que la ley obliga a que colaboren. Por ello, recalcó que en todo momento se ha mantenido un diálogo abierto con la presidenta de Adif y que se seguirá con estos contactos aun cuando se presente el recurso judicial. «En esa colaboración entre administraciones puede que no hay entendimiento, y si pasa esto el primer paso es el requerimiento, como hicimos, y después si es posible, viene el recurso. Pero no olvidemos que somos una administración, y hacemos lo que marca la ley, por lo que no se entienden esas críticas de falta de acción o dejación de funciones», señaló.