Arranca en Palencia el juicio civil por la explosión de Gaspar Arroyo

El juicio está fijado en sesiones desde hoy hasta este viernes y desde el lunes de la próxima semana hasta el viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Si estas sesiones se extendieran en el tiempo, se reservarán también los días 30 y 31.

La Asociación de Víctimas de Gaspar Arroyo estima que la cuantía de las indemnizaciones solicitadas por los afectados a la compañía Gas Natural, que siempre ha negado tener responsabilidad alguna en los hechos, alcanza un montante próximo a los 7,5 millones de euros. Esa cantidad corresponde al cómputo de las 59 demandas a título individual presentadas a la causa, a las que se unieron otras 21 por otras tantas compañías aseguradoras, incluidas las del Ayuntamiento y la Junta, esta última administración a través de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística SA (Provilsa).

Los afectados reclaman indemnizaciones que van desde los 3.000 hasta los 300.000 euros. El montante derivado por fallecimiento se aplica de acuerdo con la Ley de Tráfico, mientras que para establecer las peticiones por heridos se utilizan los informes de bajas y altas firmados por los forenses que les reconocieron.

En octubre de 2010, el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palencia archivó la investigación seguida para determinar si existían indicios penales en la actuación de la empresa encargada del mantenimiento de las instalaciones de gas. En su auto, el juez no apreciaba en la actuación de los cinco mandos medios y altos de Gas Natural que estaban imputados en las diligencias por la explosión indicios de delito o de imprudencia en sus deberes de cuidado en las instalaciones.

El archivo del caso no era firme, y los afectados recurrieron a la Audiencia, pero, en junio de 2011, el alto tribunal archivó definitivamente las diligencias para determinar si existió un delito de imprudencia que diera lugar al accidente. El auto judicial cerraba definitivamente la posibilidad de un juicio penal, aunque dejaba abierta la puerta a la jurisdicción civil para que los afectados reclamasen las indemnizaciones que consideraran oportunas.