Palencia

Archivada la querella de las autoescuelas contra Tráfico por presunta prevaricación y falsedad documental

El Juzgado de Instrucción número 7 de Palencia ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones en relación con la querella criminal interpuesta en 2022 por la Asociación Provincial de Autoescuelas de Palencia contra el jefe provincial de Tráfico, Fernando Alonso; la subjefa provincial, Ana Isabel Galán, y el coordinador de examinadores, Javier Raboso, por la presunta comisión de «una pluralidad de delitos», entre ellos falsedad en documento público y prevaricación administrativa. La querella criminal estaba especialmente dirigida contra el coordinador de examinadores, al que acusaban de cometer tratos vejatorios, humillantes y discriminatorios contra las autoescuelas asociadas.

«El auto judicial sostiene que los supuestos delitos expuestos en la querella criminal carecen de especificación, de justificación que encaje en algún tipo delictivo concreto e, incluso, de orden en su exposición. Concreta que no aprecia conducta alguna por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico susceptible de encajar en el delito de prevaricación administrativa, solo suposiciones o especulaciones por parte de la Asociación Provincial de Autoescuelas», se afirma en un comunicado desde la Jefatura Provincial de Tráfico.

«Por todo ello, el Juzgado de Instrucción número 7 de Palencia ha acordado decretar el archivo de las actuaciones, al no resultar justificada la perpetración de delito alguno a través de las conductas denunciadas», se agrega desde la Jefatura Provincial de Tráfico.

En su querella criminal, la Asociación Provincial de Autoescuelas sostenía que la Jefatura Provincial de Tráfico había incurrido en «una ilegalidad manifiesta» habida cuenta de que coordinador de examinadores «es socio único y administrador único de una sociedad con idénticos fines a los de los socios de esta asociación, incumpliéndose la Ley de Incompatibilidades». «Lo que supone, si por parte del jefe provincial de Tráfico y la subjefa provincial conocían dicha circunstancia, una total ilegalidad al permitir la misma«, agregaban.

«Y en caso de que no se conociese dicha situación, el coordinador de examinadores habría cometido un delito de falsedad al aceptar el cargo y no informar de dicha circunstancia», concluían.

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