La alcaldesa de Aguilar declara tras reabrirse el caso por la demolición del Cine Amor

En su declaración, Ortega negó que la denominación del proyecto, con la palabra rehabilitación en el título, fuese una artimaña, como se apunta desde la parte demandante, «porque lo importante no era el título sino el documento técnico». También los arquitectos que declararon hicieron hincapié en lo mismo, en que no hubo artimaña y que al edificio se le dieron el mismo uso y las mismas características que un cine. «Tiene el gallinero, la pantalla de proyección, la escalera en el mismo sitio. Lo que se pretendía es que los aguilarenses, al entrar, recordasen el antiguo cine», señaló la alcaldesa de Aguilar, que recalcó que «en ningún momento se pretendió engañar a la gente, lo importante es el proyecto y en él hay una parte técnica de demolición, porque no cumplía la normativa, y una parte de rehabilitación».

Ortega negó igualmente que se hubiese destrozado una muralla, que el dibujo que aporta el demandante «es una falsedad» y que sí es cierto que había una muralla de ladrillo tapada, pero que no se cimentó sobre ella. También recalcó María José Ortega que, en contra de lo que señala la parte demandante, sí que hubo un seguimiento arqueológico por parte del Ayuntamiento y la Junta cuando el derribo llegó a la cota cero, y que ella, como alcaldesa de Aguilar, jamás dio un orden en contra de los informes técnicos y jurídicos.

En junio de 2016, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró legal el edificio de cine Amor en Aguilar y anuló la demolición que había ordenado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Palencia en primera instancia. La sentencia del TSJ revocaba ese fallo, que condenaba a la Diputación de Palencia a la demolición del Centro Cultural Cine Amor de Aguilar de Campoo y a la reconstrucción del antiguo cine.

El TSJCyL, en consecuencia, rechazó las pretensiones de anulación de las licencias de demolición, urbanística, ambiental, apertura y primera ocupación concedidas por el consistorio aguilarense a la institución provincial. Asimismo, el tribunal, en una sentencia de más de 20 páginas, anulaba la sanción de 300.000 euros impuesta a la Diputación por dichas actuaciones y obliga al Ayuntamiento de Aguilar a requerir a la institución una licencia respecto a las obras contenidas en el proyecto modificado que tuvo que redactarse ante la aparición de restos de la muralla. La sentencia del TSJCyL declaraba expresamente legalizables esas obras, que cuentan con informe favorable de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Palencia.