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Continuará el día 26, después de la larga jornada de ayer en el Juzgado de lo Penal, en la que arrancó la vista oral contra quien fuera alcalde de Collazos de Boedo, Antonio Herrero, de Ciudadanos (antes fue regidor por el PP) y que ... no concurrió ya en las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2019, para quien la Fiscalía solicita una pena de un año y tres meses de prisión como presunto autor de un delito de acoso laboral en la persona de la secretaria interventora del Ayuntamiento de la localidad.
La fiscal, en su escrito provisional de acusación, hace hincapié en que, sin que puedan determinarse fechas concretas, «pero sí que ha sido en diversas ocasiones y que siempre lo hizo supuestamente con el ánimo de ridiculizar y humillarla», Antonio Herrero, en su condición de alcalde de la corporación, y hallándose en las dependencias del Ayuntamiento de Collados, supuestamente profirió contra la secretaria interventora del Consistorio expresiones como «maliciosa, veneno, inútil o, para lo que pintas, estás mejor en la cocina». Incluso, según sostiene la Fiscalía, formuló en ocasiones amenazas contra la mujer en el sentido de que «la echaría del trabajo».
Con el mismo ánimo, y sin que puedan concretarse los días, el fiscal relata que el acusado, cuando estaba presente la secretaria interventora, «daba puñetazos encima de la mesa, al tiempo que le gritaba, sin llegar a agredirla nunca físicamente». De forma más pormenorizada, relata que un día del mes de junio de 2015, Antonio Herrero supuestamente impidió a la secretaria interventora salir del Ayuntamiento y cuando esta consiguió hacerlo y llegó hasta su vehículo, el acusado fue detrás de ella y la agarró del brazo, aunque finalmente la mujer pudo arrancar el vehículo para marcharse del lugar.
La Fiscalía relata también en su escrito de acusación provisional que el 23 de marzo de 2017 el acusado se presentó en el despacho que la secretaria tiene en el Ayuntamiento exigiéndole que firmara un decreto de la Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2017, negándose a hacerlo, ya que no estaba presente en el momento en que fue redactado y firmado por el alcalde. Según apunta la fiscal, le propuso a Antonio Herrero hacer una copia y registrarlo con fecha 23 de marzo de 2017, a lo que se negó el acusado, que insistía que debía hacerse en la forma que él decía.
El Ministerio Público sostiene que toda esta situación ha creado en la secretaria interventora una situación de angustia y ansiedad para la que precisó tratamiento psicológico.
Durante la vista oral, el exalcalde de Collazos negó las acusaciones y aseguró que mantuvo una relación cordial con la secretaria interventora hasta que se fue enfriando debido al acercamiento que esta fue teniendo con los concejales de la oposición. Por su parte, la mujer negó a preguntas de la defensa de Antonio Herrero que fuera la «autora intelectual» de los escritos que mandaron dos ediles del PP en la oposición a la Inspección de Trabajo y a la Delegación de la Junta para que se apercibiera al regidor, que solo se limitó a transcribir lo que ellos le dictaron y que su enemistad con el alcalde, que se remontaba a 2010 pero que fue en aumento, no ayudó para que ella ayudara a los concejales de la oposición a preparar los plenos. También negó que le hubiera llamado mentiroso aunque sí dijo que eran ciertas expresiones suyas en las que le acusaba de adjudicar obras «a dedo» o proponer a su mujer para trabajar en el Ayuntamiento.
La secretaria interventora, que causó baja un año, entre marzo de 2017 y de 2018, incidió igualmente en que cuando cogió la baja, entregó las llaves a José María Bravo Martín, el presidente de la agrupación de municipios de Báscones de Ojeda (que engloba, además de a esta localidad, a Olea de Boedo, Collazos de Boedo y Revilla de Collazos), quien compareció como testigo en la sala (entre testigos y peritos, había citadas ayer unas 25 personas).
José María Bravo Martín, alcalde de Báscones de Ojeda, aseguró que el exalcalde de Collazos «maltrató» a la secretaria interventora, aunque dijo que no lo presenció en persona, si bien insistió en que, cuanto tuvo conversaciones con él, le comentó en alguna de ellas que «había que echarla del Ayuntamiento». Agregó que el escrito que, junto al resto de alcaldes de la agrupación, mandaron a la Junta y a la Subdelegación para que ese conflicto se solucionara, la secretaria interventora «solo nos lo pasó a ordenador», sin intervenir en su redacción. «El escrito respondía a lo que decíamos», concluyó.
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