La acusada de secuestrar a su hijo afirma que el menor «no quería ir con su padre»

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebró la vista oral contra una mujer, L.M., para quien el fiscal, en su escrito de calificación provisional, solicitaba una pena de dos años y un mes de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por cuatro años y seis meses por un presunto delito de sustracción de menores, si bien el Ministerio Público rebajó en un mes la pena solicitada antes de elevar a definitivas sus conclusiones.

Según el fiscal, «la acusada, en su afán de entender que el padre no era apto para ejercer la custodia de su hijo y de no cumplir con las resoluciones judiciales, decidió unilateralmente retener y no entregar al menor a su padre. De manera que, en las navidades de 2015-2016, no entregó el menor a su padre, impidiendo a ambos disfrutar de la mitad del periodo navideño que les correspondía estar juntos; y a partir de ese momento, con el exclusivo fin de impedir cualquier ulterior posibilidad de contacto del menor con su padre, dejó incluso de llevar al menor al colegio, presentando este un absentismo escolar del 98% durante el periodo comprendido entre el 8 de enero y finales de junio de 2016».

Por estos hechos, L. M. fue condenada por el Juzgado de lo Penal por un delito de abandono de familia en sentencia de fecha 10 de octubre de 2017, sentencia ratificada por la Audiencia.

«La acusada, tras estos hechos, ha continuado en su conducta de impedir cualquier contacto del menor con su padre durante los años 2016, 2107 y hasta la actualidad, ocasionando con ello al padre la privación de la custodia del menor con sus correspondientes estancias, y de cualquier comunicación y contacto con su hijo», agrega el Ministerio Público en su escrito de acusación.

Los hechos se remontan a diciembre de 2015, cuando el menor salió del colegio para disfrutar de las vacaciones navideñas. La custodia por aquel entonces le correspondía a la madre, L. M., que podía disfrutar del niño hasta el día 31 de diciembre, día en el que le tocaba mudarse al domicilio de su padre, J. A. Hasta esa fecha y desde febrero de 2014, los dos progenitores, en régimen de custodia compartida, se alternaban cada semana al niño, que por aquel entonces tenía 7 años. «Antes de que sucediese el hecho de finales de 2015, Alejandro empezaba a manifestar de forma gradual que no quería irse con su padre. Y ese día terminó de explotar. Sufrió un ataque de ansiedad. No podía obligar a mi hijo a irse con su padre. Solo me quedaba agarrarle del brazo y arrastrarle. Se amarraba a los muebles de la casa para no ir con su padre. No quería que mi hijo perdiese la relación con su padre, pero cada vez que venía de su casa olía mal y tenía hambre», señaló L. M. durante la vista oral en el Juzgado de lo Penal.

«En septiembre de 2016 se cambió el régimen de custodia por un régimen de visitas, hasta el 3 de mayo de 2017, cuando la Audiencia revocó las visitas. Durante ese tiempo, su padre no pidió esas visitas y mi hijo ya empezaba a no querer a hablar con él por teléfono», agregó la acusada. «Esas visitas no se llevaron a cabo, pero no fue una decisión voluntaria. Yo no estaba de acuerdo con ese régimen y quería volver a la custodia compartida. No me olvidé del niño en todo ese tiempo», afirmó por su parte J. A, el padre del menor.

«El 1 de septiembre de 2016, la titular del Juzgado Número 3 de Palencia me quitó la custodia compartida, incluso aun teniendo un informe psicosocial favorable que recomendaba la custodia en exclusiva para mí. La jueza alegaba que, como el niño llevaba ya varios meses con la madre, que para qué se iba a cambiar el régimen. Yo recurrí a la Audiencia, que revocó la sentencia, pedí la ejecución de esa sentencia y la jueza dictó un auto en el que daba a mi exmujer quince días para entregarme al niño. Pero esos quince días pasaron, mi abogado hizo escritos y no hubo notificación de ningún tipo. Pasó el tiempo y recibí por la parte contraria una ejecución más rápida por el bienestar del menor», relataba el pasado 28 de junio a este periódico J. A., que recusó a la jueza.

«Me lo denegaron, así que me querellé contra la jueza, un tema que está en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero la cuestión es que hace 990 días que no estoy con mi hijo, teniendo la custodia compartida desde el 28 de febrero de 2014, que es la primera sentencia», explicaba J. A., a quien la Audiencia le ha dado recientemente la razón al desestimar el recurso de apelación presentado por su exmujer contra la sentencia del Juzgado de lo Penal de Palencia de octubre de 2017 que la condena a una multa de 1.260 euros por un delito de abandono de familia, después de que dejara de llevar a su hijo al colegio durante el curso escolar 2015-2016 un total de 71 días.

Durante la vista oral ayer en el Juzgado de lo Penal, L. M. mostró su disposición a una medida de visitas progresivas del menor para que retome la relación con su padre. «Lo aceptaría, porque es lo mejor para mi hijo. La psicóloga dice que no existe un vínculo afectivo entre el niño y su padre», señaló L. M., mientras que J. A. insistió en que su hijo «está en un estado de desamparo» y que no son necesarias esas visitas progresivas. «Podría reconducir la situación», recalcó J. A., quien, en relación con el incidente ocurrido en el mes de junio de este año, cuando fue a recoger a su hijo al colegio y el pequeño no quiso irse con él, teniendo que intervenir la Policía, aseguró que «en los quince minutos que estuve con él, me dijo que quería pasar la tarde conmigo».

«Tenía la intención de dejar ir al niño con su padre, pero no quiso ir con él. Yo estaba en el hall del colegio y desde allí podía oír los llantos de mi hijo. No se quería ir con su padre. Llegó la Policía y el padre decía que si no se lo llevaba él, que vinieran de Servicios Sociales de la Junta. Nunca he hablado mal del padre a mi hijo, porque perjudicaría al niño», comentó L. M. por su parte.