Los abogados rinden homenaje a la letrada palentina Lola Villar

Medio centenar de abogados de Castilla y León se han reunido este viernes en la localidad palentina de Cervera de Pisuerga para analizar el contexto jurídico que protege al patrimonio histórico de la comunidad «como motor económico del mundo rural». Se han grupos de trabajo para elaborar propuestas legislativas que se elevarán a las administraciones competentes en cada caso además de impulsar la formación de los abogados en esta materia específica. Plantearán, además, la creación de una red de apoyo a la sociedad civil para asesorar en actuaciones relacionadas con el patrimonio.

En el marco del encuentro, se ha hecho entrega a la reconocida abogada palentina Lola Villar la Medalla al Mérito al Servicio de la Abogacía, que le ha sido concedida por el consejo regional tras 45 años de profesión en el mundo rural, puesto que ha ejercido fundamentalmente en las localidades de Cervera y Aguilar de Campoo. El encuentro celebrado en el municipio norteño ha servido además para asentar los pilares que mantendrán las futuras redes de apoyo en las zonas rurales, en las que los abogados «funcionarán como nexo para poner en contacto a personas interesadas en la protección del patrimonio con profesionales que puedan asesorarles o con otras asociaciones con fines coincidentes», explican fuentes del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

El objetivo ha sido convertir esta I Jornada de Abogacía y Patrimonio del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cacyl), organizada en colaboración con los colegios de Palencia y Burgos, en el primer paso de distintas iniciativas en torno a la protección del medio rural. «En este foro se ha concretado el compromiso del Cacyl en esta materia, que se hará extensible a los cerca de 5.000 colegiados que ejercen en Castilla y León a través de cursos y formaciones en patrimonio», ha manifestado el presidente del Consejo, Julio Sanz Orejudo, al tiempo que destaca la «implicación social» que la abogacía mantiene como institución.

«Las acciones pueden alcanzar muchos ámbitos, desde orientarles para constituirse como asociación, a hacer un estudio de financiación para la obtención de fondos para la conservación patrimonial, pasando por asesoramiento tributario o la elaboración de informes a petición de las entidades», apunta Sanz Orejudo.

Los diversos grupos de trabajo tienen como fin redactar una serie propuestas de medidas legislativas que favorezcan no sólo la puesta en valor del patrimonio, sino que sirvan para consolidar la actividad económica y la población en los pueblos.

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