Suspendido hasta el 6 de junio el juicio contra la acusada de estafa y falsedad documental

La Audiencia Provincial de Palencia ha suspendido este martes el juicio contra M. G. G., la mujer para quien el fiscal pide una condena de siete años de prisión por un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro continuado de estafa cualificada y ha fijado para el próximo 6 de junio la continuidad de la vista. El tribunal ha atendido la petición de la defensa de la acusada, que había citado como testigo a su padre, fugado a Brasil, y que considera vital su testimonio. El Juzgado de Instrucción Número 7 de Palencia ha dictado un auto de apertura de procedimiento abreviado contra el padre de la acusada, A. G. I., de 73 años, al encontrar indicios de los delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil tras recibir la respuesta a una comisión rogatoria al objeto de que se le tomara declaración en Brasil, concretamente en Salvador de Bahía, donde actualmente está localizado, por este procedimiento. El empresario, en dicha comisión rogatoria, ha reconocido los hechos, y la defensa de la acusada considera básica su declaración. La Audiencia exhortó al letrado de la defensa a que realice las gestiones pertinentes para que el padre de la acusada comparezca ese día, «porque no habrá más oportunidades».

El fiscal considera que M. G. G., durante los últimos meses de 2010 y la totalidad de 2011, actuando como apoderada y supervisora de la contabilidad y financiación de la mercantil Montajes y Obras Públicas S. L., puesta de común acuerdo con su padre, administrador de la empresa, «con la finalidad de obtener un ilícito enriquecimiento, amparándose en la dinámica mercantil de su empresa, dedicada a la ejecución de obra pública para diferentes administraciones, procedieron a la elaboración mendaz de facturas con cargo a la administración sobre obras realmente contratadas pero ya ejecutadas y debidamente certificadas, o sobre obras inexistentes, facturas que eran presentadas al endoso a las entidades bancarias con las que operaban y tenían líneas de crédito». Entidades que, «en la confianza que les transmitían los acusados y su empresa, amparada en su trayectoria empresarial y en que el endoso había sido aceptado por la propia administración, procedían al abono anticipado de las mismas a la empresa», agrega el escrito del fiscal, para quien, las diligencias de aceptación del endoso realizadas por la administración y que figuraban en las facturas endosadas, «no obedecían a la realidad, al haber procedido a imitar o copiar las firmas de los responsables administrativos y los sellos oficiales de las distintas administraciones». Esas facturas, a la postre impagadas por las administraciones, correspondían a obras para la CHD y para los ayuntamientos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), Matallana de Torío (León) y Pancorbo (Burgos).

La acusada afirmó el lunes en su declaración que «firmaba todo lo que mi padre me decía que firmara. Desde los 18 años nos ha llevado al notario para firmar. Yo llevaba las facturas a que las firmara el banco, después se las devolvía a mi padre y entiendo que él las llevaba a las administraciones, las gestiones las hacía él». M. G. G., en su declaración en la vista oral, aseguró que jamás imitó firmas de las administraciones y que las operaciones con los bancos eran decisión de su padre, que ella no controlaba el volumen de negocios de la empresa y que se limitaba solo a buscar proveedores y trabajadores para las obras y a hacer compras de material.

La acusada, en su declaración, insistió en que «yo estaba en la empresa a lo que me dijera mi padre», y que ella no llevaba el control de las facturas, solo los gastos de las obras. «Mi padre me dejaba las facturas en la mesa, al principio no las firmaba pero me dijo que las firmase y así lo hice. Yo las llevaba al banco y se las devolvía a mi padre, él iba a las administraciones y me las devolvía», señaló la acusada, que hizo hincapié en que entró en la empresa en 2004 y que, cuando se fue su hermana en 2005, se quedó como apoderada, pero «yo no tenía control de la facturación, yo solo llevaba las facturas al banco». «Tuve discusiones fuertes con mi padre porque me llamaban de los bancos, porque era mi cara la que veían, y yo le decía que no era solución decirles que ya iban a pagar», apostilló la acusada, que comentó cómo hicieron intención de hacer un programa informático en la empresa para hacer pedidos, pero cuando se intentó integrar la parte de la venta, «dijo que no».

«Yo no hecho nunca ni una factura ni una certificación de obra, solo trataba él con los clientes. Yo no conocía qué se iba a hacer en cada obra, no sabía ni el contrato ni el precio, todo iba al despacho de mi padre. Él tenía una forma bastante dictatorial de llevar la empresa», apuntó la acusada, que rompió a llorar cuando se le insistió en que su padre, en otras diligencias, ha reconocido la falsificación de facturas. «Se ha estado ocultando detrás de nosotros, ni siquiera sabíamos que había estado imputado en los años 90 por algo similar, yo por entonces estaba en octavo de EGB. Es un poco película de miedo. Mi padre siempre fue muy raro, pero no podía imaginarme esto. Había una mínima convivencia, pero desde que le dio por Brasil, dejó de tener comunicación con nosotros. Mi madre tenía una amiga en Brasil y le dijo a mi padre que fuera con ella, después mi madre dejó de ir pero mi padre siguió yendo, hablaba de montar negocios allí. En verano de 2010 se fue de casa, pero seguíamos viéndole en el trabajo. Yo me fui a finales de 2011 de la empresa y él todavía estaba. En febrero de 2012 nos llamó para que firmáramos en el notario, que luego nos enteramos de que era para vender la empresa, y en mayo desapareció, sin que haya vuelto a saber de él», concluyó la acusada.