Absuelta la alcaldesa de Lantadilla de un delito de prevaricación

. La alcaldesa de Lantadilla, Ana María Escudero, del PP, ha sido absuelta del delito de prevaricación por el que fue juzgada el pasado 20 de mayo tras la denuncia de la secretaria del Ayuntamiento, Teresa Romero, a la que la regidora ordenó retrasarle el pago de la nómina de mayo de 2013 como medida de presión para que terminara el trabajo de publicación de los presupuestos de 2012.

La jueza de la Sala Penal estima en el fallo que la actuación de la alcaldesa fue «errónea e indebida sin lugar a dudas, pero no constitutiva de delito». La jueza argumenta que resulta obvio que la acusada, en su función de alcaldesa, carecía de competencias para dar la orden verbal a la secretaria de que pagara las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento exceptuando la suya. No obstante, aclara que no dictó la resolución es decir, la orden verbal a sabiendas de que se trataba de una injusticia o ilegalidad, sino que obró con la intención de que la secretaria procediera a publicar los presupuestos de 2012. La sentencia se apoya también en la declaración del concejal y testigo en el juicio Carmelo Gallego, quien confirmó que la alcaldesa ordenó el pago de la nómina a la secretaria catorce días después de mandarle que no se la pagara a pesar de que la secretaria continuaba sin hacer el trabajo que le solicitaba la regidora.

Para que hiciera su trabajo

La alcaldesa de Lantadilla, Ana María Escudero, sostuvo en el juicio que nunca tuvo intención de que la funcionaria no cobrara su sueldo, pero que, ante la acumulación de trabajo pendiente que no ejecutaba, creyó que la decisión de suspenderle el salario podía hacer que cumpliera su tarea. «Ya no sabía qué hacer, le había dicho doscientas mil veces que publicara los presupuestos y no lo hacía, igual que le había pedido otros muchos trabajos antes, pensé que así reaccionaría», agregó.

Por su parte, la secretaria afirmó que la alcaldesa no le dio explicaciones de por qué le suspendía el sueldo. Además, la secretaria aseguró que se trataba de una decisión ilegal y arbitraria al tratarse de una funcionaria, lo que plasmó en un documento que en el juicio la alcaldesa y el tesorero del Ayuntamiento negaron haber visto, igual que rechazaron que María Teresa Romero les hubiera hecho tales advertencias.

Asimismo, la secretaria local de Lantadilla, en el puesto desde hace 25 años, argumentó que la alcaldesa le solicitaba realizar trabajos que correspondían a la propia regidora, a la que también acusó de tomar una actitud beligerante hacia ella y de recorrer las administraciones para que la sancionaran y la echaran.

El fiscal había solicitado ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la regidora, argumentando que había adoptado una resolución administrativa «arbitraria y contraria a derecho». Por su parte, la acusación particular, ejercida por la secretaria, mantuvo la petición de diez años de inhabilitación para la alcaldesa y que pagara 3.000 euros a la funcionaria municipal por daños morales.

La sentencia, que declara de oficio las costas procesales generadas, puede recurrirse en el plazo de diez días.