El volcán catalán

De entrada, el caso pone en bandeja la reapertura de una compleja batalla jurídica en la que colisionan dos interpretaciones. De un lado, el Tribunal Supremo argumenta que la euroorden de detención europea seguía en vigor, pero los abogados de Puigdemont esgrimen que la Justicia europea daba por hecho en su última sentencia sobre la inmunidad parlamentaria que esta instrucción había quedado en suspenso.

En todo caso, estamos ante un temblor sísmico en el subsuelo que podría acabar por dar una sacudida al tablero en un momento crucial para la legislatura, cuando se acaba de poner en marcha la mesa de diálogo en Cataluña y se ha iniciado la negociación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, en cuya aprobación resulta indispensable el apoyo de Esquerra Republicana. Una hipotética entrega a las autoridades españolas zanjaría una situación anómala pero, a la vez, volvería a encrespar el escenario catalán y a radicalizar a la línea dura del independentismo, que libra una batalla interna desde hace tiempo. El propio Puigdemont había perdido protagonismo en los últimos meses y esta situación novedosa le coloca de nuevo en el centro del escenario, alentando el imaginario del victimismo y del martirologio en el que el soberanismo se mueve como pez en el agua.

El factor emocional y la lucha contra «la represión» volvería a coger fuerza después de unos meses en los que parecía que la estrategia de distensión diseñada por Pedro Sánchez, que ha apelado a blindar el foro de negociación con la Generalitat, comenzaba a surtir sus efectos. Esta alteración, si se confirma, podría trastocar la agenda del 'reencuentro' que promueve el PSOE para desactivar la confrontación identitaria, que siempre es un terreno en el que el centroderecha y el independentismo, respectivamente, logran movilizar a sus electorados de forma más eficaz.

A ERC, objetivamente, se le puede complicar de forma notable el margen de maniobra posibilista, forzándole de nuevo a un exceso de gesticulacion para contrarrestar a los sectores más irredentos del soberanismo que quieren dinamitar cualquier atisbo de solución negociada que no pase por el reconocimiento del ejercicio del derecho de autodeterminación y de la amnistía. Un planteamiento rupturista de desbordamiento del Estado que rompería la legalidad y dinamitaría la mesa de diálogo catalán, que apuesta por buscar a medio plazo un cauce de solución, como pronto, en una próxima legislatura.

A la espera de saber en qué queda el embrollo jurídico, la legislatura puede entrar en una fase resbaladiza porque también estrecha el margen de maniobra de los partidos soberanistas aliados de Sánchez e, incluso, permite visualizar las contradicciones internas en el Gobierno de coalición. A las tensiones lógicas en política socioeconómica y fiscal, a la presión que ya ejerce Unidas Podemos sobre el PSOE, se le agrega ahora una línea de discrepancia de alcance sobre el papel de la Justicia española. Las palabras del portavoz de los comunes catalanes, Jaume Asens, sobre la «ilegalidad» de la detención reflejan unas diferencias de diagnóstico y de terapia en el seno del propio Gobierno que reaparecen con fuerza cuando daba la sensación de que el asunto había quedado encauzado tras la concesión de los indultos.

Si los soberanistas recurren a la sobreactuación, a Sánchez se le altera el guión de la recuperación con el que pretende pasar la página del choque de trenes en el que la izquierda se mueve con una notable dificultad. El PP y Vox han entendido perfectamente que pueden estar ante una nueva oportunidad para ejercitar el desgaste del Ejecutivo, ya erosionado por la gestión por la pandemia y por el escándalo de la subida de la luz. Las próximas horas serán claves para saber si estamos ante una tormenta en un vaso de agua o ante un terremoto imprevisible.