Vivir del cuento...

Tan abrumadora cantidad de euros, salida de los bolsillos de los castellanos y leoneses, en realidad se ha abonado con el único fin de dar la sensación de que un negocio familiar es un bien necesariamente amparado por la administración pública, y todo con el fin de satisfacer de un pueblo que tiene tanta necesidad de televisión como de pan para comer.

Quizá fueron otros tiempos en los que, bajo el andamiaje institucional, se alimentaba y justificaba algo así, y fueron otros tiempos en los que este dislate se perdía entre las cuentas institucionales como si tal cosa.

Hoy, sin embargo, comulgar con esa rueda de molino es imposible. La televisión, la de Castilla y León, es una empresa privada como lo son el resto de medios de comunicación que forman parte del escenario informativo.

Nada justifica, atendiendo al mercado de la libre competencia, que una institución pública sustente a un medio informativo con tan ingente cantidad económica y con el pobre argumento de que la «tele hace una gran labor pública». ¿Y el resto de los medios no la hacen? ¿Y el resto de medios que deben vivir del mercado publicitario tienen que soportar la competencia de quien se nutre de la caja pública?

El problema es que esta comunidad no sabe hoy cómo manejar una situación mediática que no se sostiene ni por lo público, ni por lo social, ni por lo económico, ni por lo empresarial.

La realidad, y no merece la pena edulcorarla, es que tan ingente aportación económica a los bolsillos de empresarios privados se ha realizado en base a una extraña mezcla que une temor, miedo escénico, debilidad política, cesiones sin complejos y, quizá sí, puede que una mínima parte de servicio público.

Esa amalgama de circunstancias, vomitivas en algunos casos, ha servido para que año a año, con la cómplice voluntad de todos los partidos políticos, se haya alimentado un monstruo al que ahora no se quiere hacer frente.

Si ha llegado el momento es porque hoy las circunstancias obligan. En el escenario actual, a las puertas de una crisis económica sin precedentes, no se sostiene que una administración conceda casi 20 millones anuales a un medio privado de información. Simplemente, no se justifica, y mucho menos cuando el único argumento que sustenta la decisión es el «interés público».

La tele que la Junta paga tiene tanto interés como las teles que no tienen esa bendición por parte de la administración, y su interés público es tan relevante como el del resto de medios privados, exactamente el mismo.

Alterar el escenario mediático de una forma tan brutal, mucho más en el momento actual, supone romper de facto la libre competencia y la igualdad de oportunidades.

Hoy más que nunca es preciso regresa a un modelo mediático de libre concurrencia y competencia, siempre dentro del marco legal. Romper ese principio a sabiendas es, simplemente, aceptar el sometimiento a ese yugo sobre el que pesan con evidencia debilidades, miedos escénicos, temores y falta de voluntad política.

El resto, incluido el argumento de 'bien necesario' por encima del resto de los mortales, suena a cuento... cuento chino.