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Hace dos años fue muy comentado (y criticado) el lema con el que Isabel Díaz Ayuso ganó arrolladoramente sus elecciones autonómicas: 'Comunismo o libertad'. A muchos nos pareció un tanto hiperbólico, incluso si teníamos claro que el mensaje de fondo consistía en contrastar el intervencionismo ... del Gobierno (muy visible en las restricciones por la epidemia de covid) con el apoyo a la libertad personal que había alentado la presidenta de Madrid con las suyos. Pero comunismo no es sólo intervencionismo, de ahí que el eslogan pareciera un poco forzado. De entonces para acá, sin embargo, hemos visto sucederse gestos políticos, nuevas intromisiones estatales, y ataques contra la propiedad privada que obligan a replantearse aquel juicio inicial. Los ejemplos se multiplican, y el ataque a Ferrovial por su traslado de sede ya casi parece cosa menor. Muy llamativa resulta la negativa gubernamental a actuar contra los okupas y quienes se niegan a abandonar viviendas ajenas. Pero aún más llamativa ha resultado la adopción de medidas justo en contra de los propietarios en nombre de la caridad social.
Otro ejemplo más. Recientemente el humorista Quique Peinado se hacía eco de una posición muy extendida en la izquierda: los problemas de inflación que padecemos son consecuencia de la voracidad de las empresas y su empeño en obtener beneficios a toda costa. No tienen que ver, al parecer, ni con el incremento desbocado del gasto público en toda Europa, ni con la guerra de Ucrania, ni con los problemas energéticos y el incremento de los costes. Es la voracidad 'de los ricos' la culpable de todo. La simpleza es más que notoria. Uno se pregunta por qué ese 'ansia viva' ha aparecido justo ahora, y no durante las décadas previas en las que no hubo inflación. Pero la idea ha calado.
Podríamos añadir el empeño en establecer políticas de limitación de precios (al alquiler por el ejemplo), en contra de la naturaleza misma del mercado, que parecen basarse en una desconfianza radical hacia los propietarios y la certeza de que hacen muy mal uso de su patrimonio. El Estado, por tanto, debe intervenir para poner orden, aunque el resultado más habitual sea justamente el contrario del que se pretendía. La última propuesta en esta dirección la ha planteado Yolanda Díaz en forma de 'impuesto Robin Hood'. De nuevo vuelve la idea de penalizar a los que más tienen (en este caso sobre todo en el impuesto de sucesiones y donaciones) para poder entregar 20.000 euros a todos los jóvenes españoles cuando cumplan 18 o 25 años, eso no está claro aún, pues la idea aun no es definitiva.
No entro a valorar el contenido de lo que se plantea, aunque sospecho que puede provocar una espantada de fortunas que no estén dispuestas a soportar la sangría y un uso discutible del dinero por parte de los receptores de fondos. Pero me llama la atención cómo va calando entre la sociedad española un tándem ideológico pernicioso, el que combina una fe desbocada en que el Estado debe resolver nuestros problemas (somos el país de Europa que cree esto con más intensidad) y una creciente desconfianza en el valor de la propiedad privada y de la libertad económica. Ni uno ni otro son derechos ilimitados, por supuesto, pero de un tiempo a esta parte parece que muchos de nuestros ciudadanos han dejado de verlos como un valor, quizás por el impacto de las sucesivas crisis económicas. Pero hay que insistir, una y otra vez, en que las soluciones fáciles que alientan la envidia casi siempre contribuyen tan sólo a empeorar la situación.
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