La verdad según yo

Dijo el vicepresidente de la Junta en el Fórum Europa que su «labor como gobernante es decirle a los medios de comunicación que deben decir la verdad y que deben ser rentables». Y me parece que en este punto confunde el legislativo con el ejecutivo con el judicial y con el censurativo, si lo hubiera. Porque nada más lejos. De hecho, hay una serie de leyes que regulan la libertad de expresión –un derecho fundamental, por cierto–, que hablan de veracidad, que distinguen lo que es una injuria o una calumnia.

Hasta ahí llega la función legislativa.

Después hay unos jueces que son los encargados de decidir si lo que uno publica se ajusta a unos determinados parámetros de veracidad y respeto a la privacidad, algo que me encantaría que sirviera para analizar los algoritmos del bulo que rigen esas redes sociales multinacionales que no reconocen ni rey ni patria.

Y luego está la parte en la que el Ejecutivo de cada terruño, como la Junta de Castilla y León, decide cuánto dinero invierte en publicidad institucional y dónde. Un dinero que sirve a quienes lo emplean con mala fe para hacer valer aquello de que «el cliente siempre tiene la razón», argumento que creen válido para llamar al redactor, o al jefe, o al director, o al dueño del medio para hacerle ver que hay que moderar el tono crítico o aumentar el peloteo hacia tal o cual. No se me escandalicen, esto es más antiguo que la tos. Convivimos con ello. Y sabemos, como lo saben quienes utilizan esos ardides, que el único modo de obviar esas presiones es sentirse respaldado.

Respaldado por tus jefes, primero. Por la propiedad del medio, después. Pero sobre todo respaldado por quienes deciden leer y confiar en lo que uno escribe.

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