Urge asentar el Poder Judicial

En síntesis, Bruselas no objeta la ley recién aprobada que limita la capacidad de efectuar nombramientos al Consejo General del Poder Judicial, y se congratula de que el gobierno haya retirado la propuesta de reducir la mayoría cualificada que necesita el Parlamento para efectuar designaciones, dejándola en simple mayoría absoluta (el Ejecutivo había congelado este proyecto de ley poco después de publicarlo, teniendo en cuenta seguramente la mala acogida que tuvo en medios políticos y jurídicos progresistas incluso). Además, la Comisión dice preferir que se reforme el sistema de provisión del Consejo para que la mitad de sus miembros sean designados realmente por la carrera judicial, como -asegura- es lo usual en la Unión Europea.

Ciertamente, la redacción del artículo 122.3 de la Constitución que establece la composición y la elección del Consejo es ambigua: «Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos». La primera vez que se formó el CGPJ, los jueces y magistrados eligieron directamente a sus 12 consejeros. Pero en 1985, el gobierno de Felipe González reformó la ley orgánica del Poder Judicial para encomendar también al Parlamento la designación de los doce consejeros de origen judicial. Y el Tribunal Constitucional convalidó la fórmula, siempre que los partidos no se repartieran los puestos del consejo según su representatividad parlamentaria. que es precisamente lo que se ha hecho hasta ahora: el sistema de cupos adoptado no ha sido más que un reparto de asientos en el Consejo para que la matemática parlamentaria se trasladara al foro judicial.

En cualquier caso, la Comisión urge a los partidos españoles a que constituyan cuanto antes el nuevo Consejo por el método vigente antes de proceder a la reforma, que podría requerir mucho tiempo. De donde se desprende que el compromiso de realizarla ha de bastar para que PP y PSOE se pongan manos a la obra a reparar este descosido constitucional que dura ya bastante más de dos años. Sus señorías están sin embargo entretenidos hoy en asuntos electorales, y no hay tiempo de ocuparse de lo importante, que es la reconstitución del poder judicial.

Pasada la consulta de Madrid, deberán sentarse para elegir el nuevo Consejo y planear los cambios que procedan. Porque la realidad es que el estamento judicial es muy conservador -lo prueban las cuatro asociaciones judiciales, de las que solo una, y no la mayoritaria, es progresista- y quizá haya que buscar la neutralidad de otra manera. A lo mejor formando una bolsa de candidatos presentados por las asociaciones y que cumplan los requisitos exigibles, para fiar después al azar la elección de los doce consejeros. Como ya se ha escrito no hace mucho, el catedrático Emilio Albi investigó sobre el particular, y ofreció fórmulas que podrían ser de sumo interés si lo que de verdad se quiere es afirmar la independencia judicial. Si lo que se busca es en cambio la marrullería y el control del poder judicial por el ejecutivo, seguro que los maliciosos encontrarán maneras de que la política controle a la justicia. Las hay a raudales.