Ahora, la universidad

Nuestra universidad pública tiene numerosos defectos. No es un foco activo de investigación sobre el que pivote todo el sistema docente. Los claustros se han formado mediante una castradora endogamia, que ha cerrado el paso a los más brillantes y ha consagrado la mediocridad, la vulgaridad y la rutina. Los programas educativos no guardan una relación cabal con la realidad del país, de forma que la tecnología, la investigación, el conocimiento y la economía están dispersos, sin conexión entre sí. Se ha negado el acceso a la docencia en la universidad a los grandes especialistas en las distintas materias, con el argumento peregrino de que para impartir una asignatura hay que recorrer una burocratizada carrera docente, sin otra vía alternativa. La educación privada -con las honrosas excepciones conocidas, Deusto, Navarra y alguna otra- tiene las mimas deficiencias de la pública, corregidas y aumentadas; tales centros son en muchos casos penosos negocios en los que se expiden títulos engañosos a cambio de dinero.

Sería una frivolidad resumir en estas líneas una opinión cerrada sobre las respuestas que la norma en proyecto ofrece a tales problemas, y ni siquiera una lectura atenta de los 90 folios de la LOSU de Castells (se decía que iba a ser una 'ley corta') basta para emitir un juicio cabal, que debería provenir de un debate parlamentario de altura que -no se hagan ilusiones- no se producirá. En cualquier caso, es evidente que Castells aborda los problemas más relevantes. Según el borrador de la ley, «esta reforma del sistema universitario se marca cuatro objetivos: promover el acceso a la educación superior; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador; y garantizar la calidad y la buena gobernanza de las instituciones universitarias».

En relación a la endogamia, se establece que los miembros de un tribunal que evalúe los candidatos a una plaza docente han de provenir mayoritariamente de otra institución, sea nacional o internacional, y serán elegidos por sorteo. De este modo, los profesores compañeros de los candidatos en el centro en que se pretenda cubrir una plaza estarán siempre en minoría.

Respecto a la elección de rector, podrán presentarse los profesores titulados, no catedráticos, que cumplan ciertos requisitos y a quienes les sean reconocidos tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de cargos de gestión. Los rectores ejercerán como tales durante seis años no prorrogables, lo que amplía a dos años respecto la duración del cargo actual, pero no permite una reelección. La CRUE proponía la ampliación de mandato pero prefería que los rectores fueran catedráticos.

Para resolver la «situación estructural de precariedad», se reduce la temporalidad máxima en la contratación del personal docente e investigador del 40% al 20% y se aumenta del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario. La norma también pretende acabar con la precariedad financiera de las universidades y establece un aumento progresivo de la financiación pública referenciada de hasta un 5% del PIB; asimismo abre la posibilidad a una financiación privada, mediante mecenazgos y patrocinios, títulos propios, y acuerdos con empresas y entidades, creadas o participadas por las universidades. Castells ha declarado que la universidad pública debería ser gratuita, pero esta es una opinión que no figura en los programas del PSOE y que no tiene demasiado sentido: hay que financiar a quienes no tengan recursos y aspiren a ser universitarios, pero no es razonable gratificar a todos, como si se buscara una nociva masificación.