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Ni esa unanimidad ya
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No puede ser más triste que haya quienes se empecinen en impedir que se dé a las víctimas de violencia de género el apoyo que merecenDentro de la discordia y a pesar de los desencuentros que en los últimos años han marcado nuestro debate público, había una cuestión en la que todos acertaban a coincidir, por razones elementales de piedad y de humanidad. No parece que quepa volver la espalda ... al dolor de las familias destrozadas por esa forma de violencia doméstica que una y otra vez tiene como su primera víctima a las mujeres y como verdugos a los hombres que no saben respetarlas. Hombres que con su desprecio por la vida y la dignidad de sus parejas o exparejas traen de paso la desgracia a sus hijos y a todos sus parientes y allegados.
Por descontado que hay otras formas de violencia en el seno de la familia. Y por cierto que todas ellas están castigadas, en la mayor parte de los casos con severidad y con circunstancias agravantes. Sin embargo, y pese a los denodados esfuerzos de algunos por hacer juegos malabares con las cifras, ninguna de esas otras formas de violencia en el hogar resulta tan frecuente ni tan socialmente devastadora. Que exista una legislación para prevenir el maltrato físico y psíquico contra las mujeres, incluida la peor de sus formas, el feminicidio, está muy lejos de ser un capricho o una medida arbitraria de ingeniería social. Obedece a una necesidad profunda y a la decencia mínima que se le puede exigir a una comunidad a la hora de amparar a sus miembros más vulnerables. Por eso era bueno que fuera unánime.
Tampoco es argumento contra esa legislación o contra los recursos excepcionales que prevé que en algunas ocasiones se haya abusado de una o de otros. Esos abusos se producen en cualquier campo, con cualquier ley y a propósito de cualquier beneficio por ella contemplado. Lo que nuestro ordenamiento prevé respecto del abuso de derecho no es eliminar el derecho, sino invalidar y en su caso perseguir la conducta abusiva. La norma que así lo prevé está en nuestro Código civil desde hace décadas, y como tal viene siendo pacíficamente aplicada.
No puede ser más triste que haya en nuestras instituciones quienes, por razones que no terminan de explicar ni resultan demasiado comprensibles, se empecinan en impedir que se dé a las víctimas de esta desgracia el apoyo resuelto que merecen. Gracias a las normas que en algunas de dichas instituciones exigen unanimidad de quienes las componen para la aprobación de determinadas declaraciones, ha habido que darles en la calle el respaldo que hasta ahora se les daba en los salones de plenos. Tal vez los que han propiciado ese resultado consideren que han alcanzado con él alguna especie de victoria. Para el conjunto de la sociedad española se trata de un revés y un retroceso y para las víctimas es una bofetada inmisericorde. Quizá no les acabe saliendo tan bien, ni tan gratis, como parece que calculan.
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