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Años y más años viendo intentos fallidos de buscar una salida para centenares de localidades heridas de muerte, por medio de lo que alguien bautizó en su día como ordenación territorial, van a encontrar en próximas semanas una nueva fórmula que, dado el panorama en ... Castilla y León, se va a convertir, además de en cardinal desde el punto de vista territorial, en políticamente sustancial.
Un trabajo tan discreto como concienzudo, coordinado desde hace meses por la Dirección de Ordenación del Territorio, cuota Ciudadanos, va a dar como resultado en próximas semanas nuevas propuestas para la prestación de servicios públicos regionales para los pueblos pequeños, que es de lo que se trata. Cuando Francisco Igea asumió su triple consejería (Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, además de la Vicepresidencia y el puesto de Portavoz) ya mostró su firme disposición a meterle mano a la estancada política territorial interna de Castilla y León. Hay una Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio que se aplica para el 75% más poblado aunque con menos municipios de la comunidad, pero que está paralizada para el 25% más despoblado pero con más municipios (más de 2.200). De estos, un porcentaje alto están ya muertos; otros, en la UCI territorial y muchos, camino de ella. A salvar éstos va el nuevo intento que verá la luz en forma de documento en próximos días y que entrará en las Cortes a primeros de año para conseguir, como ley, varios objetivos.
Primero, suprimir el bloqueo de dos tercios para aprobar la aplicación de la actual norma a los pueblos pequeños, una concesión en su día de Juan Vicente Herrera, vía su vicepresidente José Antonio de Santiago, al socialista Óscar López (¡ya ha llovido!) que al final obliga a los partidos mayoritarios a pactar. Como el PSOE se niega, adiós a los dos tercios y hola a la mayoría que suman PP y Ciudadanos.
Segundo, dar protagonismo a las diputaciones en una materia en la que tienen mucho que decir, protagonismo negado en su día por Herrera y De Santiago a los barones provinciales del PP, muchos de ellos entonces al frente de diputaciones, y que provocó un cisma popular que el PSOE no supo aprovechar. Las diputaciones, por fin, podrán decidir en algo de su incumbencia. Hasta ahora han sido testados desde la Junta los presidentes de las diputaciones de Segovia (Miguel Ángel Vicente, del PP), Valladolid (Conrado Íscar, en desbocada campaña para presidir el PP provincial) y Salamanca (el popular Javier Iglesias, ariete principal y único superviviente en una diputación del frente 'antiordenación herreriana', en el que estuvieron, con Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Vázquez, número dos del PP regional; Fernando Martínez Maíllo, que deambula por el Senado después de perder el mando interno que le dio Mariano Rajoy como coordinador nacional del PP, y el abulense Antolín Sanz, expulsado de la política por la asonada que le fraguó el actual alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera).
Tercer objetivo, que sean los propios pueblos los que decidan cómo se agrupan en áreas funcionales rurales, en las que la Junta establecerá los servicios públicos esenciales que ya presta, pero que ha de mejorar porque es ineficiente y costoso. Es decir, que los famosos mapas de agrupaciones de pueblos vayan de abajo a arriba y no de arriba a abajo, como pasó en la etapa herreriana, cuando se quiso imponer a los alcaldes unas agrupaciones que rechazaron.
Para esos (y otros) objetivos, las propuestas van a ser formuladas por un departamento político a cuyo frente situó Igea a Antonio Calonge, doble doctor universitario, en Derecho Administrativo e Historia, profundo conocedor de la organización territorial del Estado y del sistema local español. Vamos, lo que se dice un estudioso de prestigio; vamos, de lo que ha adolecido hasta el momento la tan farragosa como fallida política de ordenación territorial de Castilla y León.
En el tablero político regional, el nuevo mecanismo 'igeocalongiano' puede dar una carambola a dos bandas, cuyos máximos beneficiarios serán el presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, y su vicepresidente, Francisco Igea. El primero podrá demostrar que se opuso a los planes de Herrera y De Santiago porque había otra opción; el segundo, su conocida teoría de que nada se alcanza por la imposición y sí por el diálogo (lo cual será una patada en la espinillla a su antecesor vicepresidencial). Y ya si la cosa sale bien, ambos pueden apuntarse una tercera carambola con un único perjudicado, el secretario regional socialista, que no líder, Luis Tudanca, que volvería a mostrar que en esto de hacer oposición está tan perdido o más que cuando no llegó a presidente pese a ganar las elecciones.
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