Cuando todavía estamos en proceso de curación de las gravísimas heridas sociales y laborales que dejó la crisis, comienzan a surgir voces que hablan de forma eufemística de una nueva desaceleración. Sin duda, la herida más grave de esta gran recesión, y que aún está ... latente en nuestra sociedad, es la precariedad del mercado laboral, lo que ha generado la aparición de una nueva categoría de pobres: los trabajadores pobres, que son aquellas personas que, aun teniendo un puesto de trabajo, reciben por su labor un salario insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
No es casualidad que en el mes de octubre nos encontremos con dos fechas señaladas en el calendario internacional con tan solo diez días de diferencia: el 7, Día Internacional por el Trabajo Decente, y el 17, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Periódicamente nos encontramos con estudios y publicaciones que vinculan esta precariedad del mercado laboral, expresamente en España, con altos índices de pobreza, que en ningún momento nos podemos resignar a que se considere endémica. Lo alerta el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en España, los últimos informes de las secretarías de Política Social y de Juventud de CC OO y sólidos estudios de profesores de Derecho, como se resaltó en la jornada sobre trabajo decente.
Son muchas las coincidencias de conectar la situación de la creación de empleo en los últimos años después de la crisis, con condiciones salariales mejorables, contrataciones temporales y parciales no voluntarias, junto a las altas tasas de desempleo. A lo que hay que sumar las personas en desempleo que no reciben ninguna prestación. Unos problemas muy extendidos, pero especialmente graves para colectivos como los jóvenes, los mayores de 50 años, las mujeres y las personas con discapacidad.
Estas condiciones de baja intensidad en el empleo y los nuevos modelos de trabajo precario están estrechamente ligados con los informes que registran los índices de pobreza, como los elaborados por el departamento de Estudios de Comisiones Obreras de Castilla y León, a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida; el informe de FOESSA, realizado a partir de entrevistas a pie de calle, que utiliza la referencia exclusión social e inclusión social, o los trabajos que elabora la EAPN (European Anti Poverty Network).
En todos estos casos, se liga también esta pérdida de trabajo decente con el deterioro de la calidad de las viviendas y los problemas de acceso a una vivienda digna; el incremente del número de familias que no pueden afrontar los altos costes energéticos y, lo que resulta aún más grave como sociedad, las dificultades para atender a la población infantil y a nuestras personas mayores.
Hoy, cuando se empieza a hablar nuevamente de decrecimiento de la economía, es imprescindible reconocer la realidad sin dramas, solo con datos, para empezar ya a buscar fórmulas que permitan apuntalar el empleo decente y reforzar las políticas sociales que mejoren las cuantías y el incremento de cobertura y simplifiquen los requisitos. De lo contrario, contribuiremos a la vergüenza de una sociedad desarrollada que no cuida a su población infantil o su población mayor, y que no avanza en unas relaciones laborales que dignifiquen el trabajo.
Así pues, consideramos necesarias esas nuevas fórmulas, y eso no puede hacerse de ninguna de las maneras sin incorporar cambios normativos en la contratación, apostando por el contrato indefinido o la Jornada completa como fórmula prioritaria, que cuantifique el valor del trabajo en su justa medida e incremente la retribución, se incremente el SMI (salario mínimo interprofesional) y los salarios mínimos de convenio. Cambios que promuevan una valoración adecuada de los trabajos de atención y cuidado de personas (es hora de dejar de valorar el trabajo que realizan las mujeres con una consideración y retribución inferior). Asimismo, es el momento de cumplir con la obligación de incorporar a las personas con discapacidad al empleo ordinario.
Sin dejar de lado la necesidad de adaptar la normativa existente para definir, cómo y quiénes pueden acceder a las medidas que faciliten el acceso a una vivienda.
Y yo veo, sinceramente, que esto será difícil de conseguir sin la necesaria voluntad política, por un lado, y la voluntad necesaria de las patronales empresariales y el compromiso de la ciudadanía en general, para comprometernos con la necesidad de una buena propuesta fiscal para que pague más el que más tiene hasta que yo también me comprometa en esa contribución personal que a mí me corresponde.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.