Con el caso de Daniel Sancho, algo hemos aprendido sobre el régimen jurídico de Tailandia, lo suficiente como para extrañarnos, burlas y gestos de superioridad incluidos, de que allí casi todo quede en manos de su monarca, que es en todo y para todo «la ... útima decisión». Y nos sorprendemos de que estas prerrogativas el tailandés las acepte con naturalidad, como actos que no pueden ser discutidos ni cuestionados. Preguntado al respecto, un abogado tailandés lo resumió así: «Tampoco cuestionamos a la lluvia cuando cae». Ha habido varias tentativas para sacar del Código Penal tailandés la pena capital, pero fueron rechazadas, porque perdonar la vida a un reo permite al Rey ser magnánimo y porque, si el condenado a muerte es extranjero, siempre recibe una petición de clemencia por parte de los mandatarios de sus paises, que quedan en deuda con el monarca.
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En España hemos seguido la peripecia judicial del nieto de «Curro Jiménez», extrañados de un proceso tan aparentemente cargado de irregularidades aunque, al final del camino, aquí, como en Tailandía, también tenemos un «monarca», pero con muchas más prerrogativas de las que tiene el de Tailandía, que puede perdonar la pena impuesta por un delito, pero sin abolir el delito. En España llevamos camino de elaborar un código penal sólo aplicable a los políticos, lo que tampoco es nuevo porque el emperador Trajano arbitró normas penales que distinguían la clase social del reo. A un senador o a un jefe militar, no se le podía juzgar como al que vendía gallinas en el mercado. Trajano ya era progresista.
Todavía no han terminado los procedimientos judiciales abiertos en la trama de corrupción de los ERE, en Andalucía y ya, el Ministerio de Justicia ha pedido a la Audiencia Provincial de Sevilla que elabore los informes cara al indulto de los condenados. Si el indulto no se ha hecho efectivo es porque tenemos un Gobierno en funciones. Pero la hoja de ruta está trazada, se conocen el camino, el Gobierno ya lo recorrió para indultar a los presos secesionistas catalanes. ¿Por qué unos políticos presos, condenados por delitos graves contra la Hacienda pública, pueden salir de la cárcel, incluso sin haber entrado en ella y los presos que no son políticos tienen que cumplir la condena? La respuesta es la misma que podría dar el Rey de Tailandía: «Porque me da la real gana».
Lo que todavía no ha hecho Maha Vajiralongkorn Bodindhorndevarangkul es, además de indultar a delincuentes, amnistiarlos y reconocer que fue un error haberlos condenado por un delito que no era tal. Sería caer en una contradicción manifiesta, porque anularía su autoridad, la potestad de los tribunales y negaría las leyes, por arbitrarias e injustas. En España «lo estamos estudiando» y todo parece indicar que, si el prófugo de Waterloo que lleva la batuta para hacer efectiva la investidura de Pedro Sánchez se empeña, tendremos amnistía. Y hasta aceptaremos pulpo como animal de compañia, porque los falsarios, cínicos y apesebrados creen que en la Constitución, como en la Zoología, todo cabe. O sea que, como los tailandeses, tampoco cuestionan la lluvia.
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Tener dos codigos penales, uno para los políticos y otro para la plebe, como Plinio le aconsejó a Trajano, sería legislar con sinceridad y evitaría al «princeps» caer en arbitrariedades para salvar a quien le convenga. Con un Código Penal para todos, siguiendo vericuetos extraños y atroches bochornosos, se consigue lo mismo, pero el «princeps» quedan en evidencia. Aunque, visto lo visto, le importa un carajo.
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