La ciudad de Karlsruhe es una de las más elegantes de toda Alemania. Fundada en el siglo XVIII por el marqués del Estado de Baden, incluso su nombre suena a tranquilidad en el idioma alemán, el 'reposo de Carlos'. Sin embargo, en esta ciudad serena ... se acaba de producir un terremoto legal. Los vocales del Tribunal Constitucional Federal de Alemania (BVG), con su sede en Karlsruhe, acaban de dictar un veredicto que ha sacudido al establishment político en Berlín y que tendrá consecuencias más allá de Alemania. Según le resolución del BVG, la ley de cambio climático aprobada por el Parlamento alemán en 2019 no es suficiente para proteger los derechos humanos de los jóvenes del país. El Tribunal insiste en que la administración de Berlín debe redactar medidas más estrictas, con un calendario más urgente, para que los jóvenes tengan un futuro sin la amenaza de una catástrofe medioambiental.
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La decisión del BVG está en sintonía con la evolución de la política de Alemania, donde la influencia del partido verde incide cada vez más en el debate público. El mes pasado, los votantes del estado de Baden Wurttemberg (BW) acudieron a las urnas para elegir un nuevo parlamento regional. BW es uno de los estados más ricos de Alemania y sede de 'Behemoths' industriales como el fabricante de coches Mercedes y la ingeniería Bosch. El Estado había sido controlado por el partido demócrata cristiano (de centro derecha) desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el partido verde tomó el control de BW hace una década y el mes pasado revalidaron su mandato por otro cinco años.
Y ahora parece posible que Los Verdes repitan su éxito a nivel federal. Los votantes alemanes van a elegir un nuevo parlamento (Bundestag) y un sucesor de la cancillera Angela Merkel en septiembre. Según los últimos sondeos, la próxima dirigente máxima de Alemania podría ser Annalena Baerboch, líder de Los Verdes. Si ellos salen como la formación más votada en septiembre no le sorprenderá a nadie y dada la urgencia de confecionar políticas para hacer frente al cambio climático, quizá la única pregunta clave sea: ¿por qué esta revolución verde en la política alemana no se repite también en otros países?
Por ejemplo, por mucho que fueran las broncas e insultos antes de las elecciones en Madrid el día 4-M, hubo ausencia notable de temas medioambientales en el debate. Aparte de la formación de Más Madrid, parecía que casi ninguno de los candidatos le dio mucho protagonismo y quedó relegado a muy a segundo plano. Fue ilustrativo que el PP ni siquiera mencionara los asuntos medioambientales hasta la página 137 de su programa electoral.
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La escasa importancia fue más sorprendente puesto que, a principios de este año, la prestigiosa revista médica 'The Lancet' publicó un estudio sobre la contaminación del aire en varias de las ciudades europeos. Según los autores, la contaminación urbana ya es «una de las principales causas ambientales de morbilidad y mortalidad» y, en cuanto a niveles de contaminación y muertes prematuras relacionadas con el dióxido de nitrógeno, frecuentemente provocado por las emisiones del tráfico, Madrid tiene un ranking poco envidiable. El informe concluye que «se necesitan urgentemente acciones políticas para reducir la contaminación atmosférica y conseguir comunidades sostenibles, habitables y saludables». Pero, en lugar de hablar de cómo los niños de Madrid podrían disfrutar de la libertad de respirar un aire limpio, la presidenta Isabel Ayuso optó por centrar su mensaje populista en la libertad de tomar una cerveza en una terraza 'a la madrileña'.
Claro, la calidad del aire es sólo una parte pequeña de la lucha contra el cambio climático y, dirigido por formaciones formalmente verdes o no, hay una necesidad apremiante de colocar los temas medioambientales en el centro del debate social. El deber de un político responsable no es sólo reflejar los deseos de los votantes con eslóganes populistas –que es lo más fácil–, sino informar, explicar y proporcionar liderazgo. Y ya ha llegado el momento.
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En el mes de noviembre de este año tendrá lugar una conferencia mundial –la COP 26– sobre los próximos pasos necesarios para afrontar el cambio climático. Muchos países tienen planes detallados sobre cómo reducir sus emisiones de CO2 en las próximas décadas, incluido el Gobierno español, que acaba de aprobar su modestísima ley de cambio climático y transición energética. Pero se necesitará más para llevar a cabo el ajuste a una economía sostenible. El reto exigirá planteamientos nuevos para crear un consenso social –y políticos con coraje–. El papel del gobierno, maduro y responsable, será esencial para explicar por qué las medidas son necesarias para nuestro bienestar ahora y para las generaciones venideras. Está por ver si las formaciones tradicionales están a la altura de la tarea pendiente. Si no, formaciones en aumento, como la de los verdes alemanes, tendrán que tomar el timón.
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