La tele y el resto

El derecho a la información, un asunto no menor sobre el que la propia Constitución impone principios de equidad, no debería estar sometido al antojo de institución, representante o cargo público alguno. No debería ser así porque, en el caso de concurrir tal circunstancia, convendrían todos los actores en que la misma alteraría el propio derecho y por extensión distorsionaría un escenario común que afecta de lleno a los ciudadanos. Ese derecho supone que cualquier persona puede reclamar, buscar y recibir información en libertad y con una abierta concurrencia de los promotores de la información.

Conviene recordar la raíz del fundamento atendiendo al comportamiento de la Junta en los cruciales momentos en los que se encuentra la sociedad. Esto es, es necesario revivir ese espíritu constitucional y legal cuando la sociedad está sometida a un escenario de crisis sin igual y en un momento en el que precisamente la información es un elemento clave. Ante tal dibujo de la realidad, y en una decisión sin precedentes, la Junta ha acordado inyectar una partida de seis millones con antelación a los plazos previstos a una televisión privada de apariencia pública con el estridente argumento de que la misma es «de interés público».

Supone tal determinación una burda alteración del escenario mediático, conlleva la misma una abierta discriminación hacia el resto de los medios y abre un debate que no se sostiene. ¿Qué interés general es una televisión privada, que se nutre de publicidad comercial, frente al resto de los medios de comunicación también privados? ¿Qué necesidad extraordinaria supone una apuesta institucional por un medio laminando al resto? ¿Acaso los lectores de prensa, en papel o digital, o los oyentes de las emisoras de radio merecen ser discriminados por una decisión caprichosa?

Los medios de comunicación, todos, son hoy víctima de una crisis sin precedentes. Disparados en sus audiencias y castigados al mismo tiempo por 'ingresos cero' por el parón publicitario todos han afrontado con firmeza una decisión que ratifica su deber constitucional: al precio que sea, con el esfuerzo que sea, aun poniendo en riesgo las propias empresas, ni uno solo ha dado un paso atrás. Al contrario, todos han acudido a su deber profesional. En un escenario bélico ni uno de los periodistas ha dudado que su deber es correr en dirección contraria a las balas, a pecho descubierto, a riesgo de lo que sea, dispuestos a desangrarse si fuera preciso por algo tan sencillo como ofrecer la mejor información posible. Ese nivel de compromiso no se merece como respuesta institucional la discriminación y el sectarismo. El capricho, en definitiva. Nadie dudará que la televisión es un medio de interés público, exactamente en la misma medida que lo son el resto de medios.

La injusticia institucional lo único que hace es dotar de un chaleco antibalas a un medio y mantener a pecho descubierto al resto sabiendo que, en el camino para enfrentarse a las balas, muchos profesionales caerán. Lo harán con orgullo, pero será su último recorrido.