Switch Mobility, un proyecto que por ahora no cumple

EL 15 de diciembre de 2021, hace casi un año, fue presentado institucionalmente el proyecto de construcción de una factoría de autobuses eléctricos en Valladolid. En un acto oficial en el Museo Patio Herreriano, presidido por el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y al que asistieron consejeros de la Junta de Castilla y León y otras autoridades, los directivos de la firma de capital indio, Switch Mobility, detallaron sus planes y ofrecieron varios datos, ninguno de los cuales ha acabado cumpliéndose por el momento. Se dijo que la industria colocaría su primera piedra el 27 de enero de 2022, pero finalmente esa cita simbólica, con el presidente de la Junta como primera autoridad, se celebraría casi dos meses después, el 18 de marzo.

Se dijo que comenzarían a salir los primeros autobuses a finales de este año, aunque lo cierto es que, ni con la licencia municipal de obras ya resuelta, la empresa ha movido una sola palada de tierra. Por lo que aún no hay ni factoría ni autobuses, mucho menos las 50.000 furgonetas que, como también se anunció, comenzarían a fabricarse en la planta en 2024. Se avanzó que Switch crearía 2.000 empleos directos y 5.000 inducidos. Sin embargo, en estos momentos, tras la salida de su consejero delegado, Andy Palmer, lo que ha sucedido es todo lo contrario: varios ingenieros que fueron contratados poco después del anuncio han sido despedidos y no han quedado claros los motivos.

Teniendo en cuenta la estrecha implicación institucional y económica de Junta y Ayuntamiento en todas las fases del proceso, incluidos amplios despliegues mediáticos y la previsión de unas subvenciones millonarias, es más que razonable que, como también comparte el alcalde, muchos ciudadanos, referentes empresariales y sociales, así como los propios medios de comunicación, a los que se nos reclama a veces ejercicios de fe con todo lo que se promete desde un atril, tengan la mosca detrás de la oreja. Switch ha adquirido unos terrenos junto a la carretera de Santovenia, lo que permite aventurar que va en serio.

A ello se aferran algunos dirigentes. Pero comprar un espacio no es gastar dinero en globos de colores: ese bien inmobiliario no es crucial, formará parte de su cartera de activos cuando termine de pagarlo y en un futuro hasta podría obtener de su reventa una plusvalía. Lo relevante es si habrá o no actividad industrial, si se realizarán los 2.000 contratos directos y cuándo. De hecho, ya fue muy significativo (y sintomático) el detalle de que toda una multinacional necesitara la cesión de locales municipales para arrancar sus primeros trabajos y papeleos. Por ahora, también por circunstancias como esa, hay más dudas que certezas.

Nadie en Valladolid desea que este proyecto, como cualquier otro que cree riqueza y empleo, se paralice, fracase o no prospere con la solvencia y velocidad debidas. Ojalá veamos muy pronto, aunque sea, a la mitad de esos 2.000 trabajadores previstos ganándose la vida en una cadena de montaje de autobuses. Pero eso es una cosa y otra diferente tragar con todo lo que quiera contar y publicitar una marca que, desde el primer momento, ha decidido promocionarse como lo ha hecho, acudir a fondos públicos directos y, como consecuencia de ello, someterse al juicio, la fiscalización y la crítica de la opinión pública. Los ciudadanos y las instituciones de Valladolid y Castilla y León que les representan merecemos que se nos trate con mayor seriedad, transparencia y claridad.

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