Suprema enmienda

La titular de Defensa, la magistrada Margarita Robles, señaló ayer que el problema se encuentra en la literalidad de la regulación y no en las resoluciones que adoptan los tribunales. Rechazó así la insistencia de la parte morada del Ejecutivo, que continúa achacando la rebaja de penas tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' al «machismo» de la Judicatura, una cuestión que hasta ahora habían tratado de eludir el presidente y los ministros socialistas.

La posición del Supremo acaba con el poco sentido que tendría advertir sobre las intenciones del legislador en la exposición de motivos de la proposición de ley de reforma del Código Penal –sustitución del delito de sedición junto a modificaciones y rebajas en el de malversación– que en principio será votada hoy en el Congreso. Además, acaba con el margen de tiempo que Pedro Sánchez se había dado a la espera del pronunciamiento del alto tribunal, frente a la evidencia de que el nuevo articulado, pese a perseguir una defensa más efectiva de los derechos de las mujeres, está obligando a recortar las condenas a agresores sexuales o ponerlos en libertad. La Fiscalía Anticorrupción teme que los cambios en el delito de malversación acarreen consecuencias similares en numerosos casos de ese ámbito.

El Gobierno no puede seguir manteniéndose como mero espectador de las consecuencias de sus propias iniciativas. Es insensato mantener como prioridad la armonía interna mediante concesiones del PSOE a Unidas Podemos a un coste que no está dispuesto a asumir. El silencio oficial que siguió ayer a la sentencia del Supremo resultó especialmente elocuente. El presidente está obligado a reaccionar rectificando la ley del 'solo sí es sí'. No para limitar los daños que su obcecación legislativa esté causando a los socialistas, sino para que el Poder Ejecutivo se avenga a la sensatez y el interés común.