Suicidio, la otra epidemia

La etiología, la naturaleza y el tratamiento del suicidio son asuntos profundos sobre los que el profano no debe tener la última palabra. A los medios y a quienes estamos en ello nos compete poner de manifiesto el problema, alertar de que responde a un cuadro psiquiátrico que puede tratarse y tiene solución, y desmontar las reservas que llevan al depresivo a no pedir ayuda y a su familia a no darse por enterada del problema. Y aunque quien teclee en Google la palabra 'suicidio' encontrará de entrada el 'Teléfono de la Esperanza' con un mensaje de socorro -«Dispones de Ayuda. Pide ayuda ahora mismo»-, es patente que no se ha conseguido rebajar la carga dramática de la palabra 'suicidio', seguramente porque flotan todavía espesos nubarrones sobre el concepto de «enfermedad mental». Y sobre el de «salud mental4».

El alcance del problema es ya tremendo, y tiende a crecer. Según el informe anual del Observatorio del Suicidio en España, de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, que trabaja con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hubo el año pasado un total de 3.941 suicidios, unos 11 diarios de promedio. El 74% de estas personas eran hombres (2.930) y el 26%, mujeres (1.011). Fueron 270 más que el año anterior, lo que representa un 7,4% de crecimiento anual, con un aumento sensiblemente mayor de mujeres que de hombres. Hubo también14 muertes de menores de 15 años (7 niños y 7 niñas), lo que duplica los casos de 2019. Además, el suicidio en personas mayores de 80 años ha aumentado un 20%. En el tramo de edad entre 15 y 29 años, ha habido 300 suicidios, una cifra de mortalidad tan solo superada por los tumores (330). El número de suicidios de jóvenes es superior al de fallecimientos por siniestralidad vial.

Las fuerzas de izquierdas, y en especial el líder de Más País Íñigo Errejón de una forma personal y directa, están haciendo proselitismo en pro de un reforzamiento de la sanidad pública en el capítulo de la salud mental. El pasado abril, la Confederación 'Salud Mental España' lanzó, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación ONCE, la campaña 'Salud mental y covid-19. Un año de pandemia'. Con ella se pretendía, por un lado, visibilizar cómo ha afectado la pandemia a la salud mental de los españoles, y por otro, reivindicar y proponer medidas que ayuden a la mejora de la salud mental y, con ello, a la reconstrucción social y económica.

Dicho estudio pone de manifiesto los efectos devastadores de la pandemia sobre el estado mental de la población, con un gran incremento de las depresiones y otras dolencias, sin que, por supuesto, se hayan reforzado los raquíticos servicios de salud mental (más bien al contrario: el esfuerzo realizado frente a la covid ha vaciado otros departamentos médicos). Ello explica el incremento en el número de suicidios, un hecho que ha impresionado a las instituciones mucho menos de lo que cabía esperar.

Hace unos 15 años, la estadística disparada e insoportable del tráfico generó un movimiento de opinión, bien gestionado por las administraciones, que redundó en un conjunto de medidas que han reducido la mortalidad vial de más de 5.000 personas al año a solo algo más de 1.000. El caso del suicidio es bien distinto, pero no en el terreno pragmático del a iniciativa política: es preciso crear una red de psicólogos y psiquiatras, capaz de proporcionar atención sistemática y segura a las personas que necesiten ayuda, 'motu proprio' o arrastradas por su entorno personal, ya concienciado del problema. Todos los partidos deberían percatarse de la responsabilidad que contraen por su indigencia en este asunto.