Con la economía en medio de una intensa recuperación, los millonarios fondos europeos en puertas y la pandemia en vías de ser controlada merced a las vacunas, el Gobierno afronta la segunda mitad de la legislatura con un inesperado obstáculo: el desbocado encarecimiento de la ... luz, que ha generado una extendida alarma social y ante el que ha demostrado una frustrante impotencia en la adopción de respuestas eficaces. El precio de la electricidad sigue sin tocar techo tras encadenar sucesivos récords. No existe indicio alguno –más bien, lo contrario– de que vaya a cesar su inquietante ascenso por la carestía del gas y de los derechos de emisión de CO2, que ha esfumado de un plumazo el impacto de la rebaja del IVA aprobada a regañadientes por el Ejecutivo.
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En un contexto como el actual, no existen varitas mágicas para frenar en seco tal escalada. Ello no explica la mezcla de inacción e improvisaciones con la que se ha comportado el Gobierno, sometido a un desgaste por este asunto que no sabe cómo rehuir. Chirrían las frontales discrepancias entre los socios sobre cómo abordar una cuestión tan sensible, que han llevado a Unidas Podemos al extremo de amenazar con movilizaciones callejeras para presionar al mismo Ejecutivo del que forma parte.
La extrema complejidad del problema dificulta encontrar de inmediato soluciones satisfactorias que requieren cambios estructurales. Rebajar o suprimir una parte de los impuestos y peajes que encarecen la factura engrosaría el ya desbordado déficit del Estado. Sin descartar esa fórmula, es necesario corregir el sistema de fijación de precios en el mercado mayorista para impedir que sus oscilaciones sean trasladadas de forma virulenta a los consumidores, así como evaluar posibles cambios en la regulación.
La vertiginosa subida de la luz no es sostenible en el tiempo. De prolongarse no solo representará una pesada carga para millones de hogares –en especial, para lo más vulnerables– y autónomos, sino que pondrá en jaque la competitividad de empresas ya muy castigadas por la pandemia y llenará de sombras la recuperación económica en marcha. El encarecimiento de la energía se empieza a trasladar a la cadena productiva y a los servicios, lo que presiona a una inflación en su nivel más alto en nueve años, penaliza el consumo y eleva los costes laborales y el gasto en pensiones. Sobran los motivos para arbitrar sin la menor dilación medidas que la contengan.
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