Francamente, no comprendo este pique entre el alcalde de Pucela y el presidente de la Diputación por las intervenciones del Servicio de Bomberos de la capital más allá del término municipal. Tal y como lo entiendo yo, si en enero se produce un incendio en ... Arroyo, o lo apagan los retenes de Tordesillas, Íscar, Peñafiel o las dos Medinas, o ya puede arder en pompa todo el pueblo porque ningún otro parque acudirá en su ayuda. No es que los profesionales de la capital se nieguen a prestar ese servicio, sino que los señores políticos no se ponen de acuerdo en la pasta que cada institución debe apoquinar por hacer uso del mismo.
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Los que trabajan en un lado u otro de la 'frontera' suelen estar magníficamente preparados para cualquier contingencia, y la política no debería ser tan vocinglera en asuntos así de graves. Está bien que los organismos implicados negocien, pero me parece insensato que hagan públicas sus discrepancias, sobre todo porque las autoridades están obligadas por el Código Penal a prestar el «deber de socorro», cuyo artículo 195 les afecta a ambas y a todos nosotros.
Sus discrepancias no pueden tener en vilo a los que residen en pueblos situados a escasos kilómetros de la capital, a quienes se les está enviando un mensaje que hace temblar las canillas de cualquiera: hasta que no arreglemos este asuntillo de las competencias, si hay un incendio en Cabezón lo sensato es correr.
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