La sentencia de las intenciones y las intenciones de la sentencia

La inevitable sentencia del 'procés' ha dejado clara la actividad sediciosa de los sentenciados, la violencia que alentaron y la quiebra del orden constitucional, sustituido por una autoproclamada república de Cataluña. De modo que el relato de los hechos parecía coincidir con mis motivos de preocupación. Sin embargo, para mi tranquilidad, el Tribunal Supremo ha aclarado que el conflicto no era para tanto, que, en realidad, los promotores no buscaban el enfrentamiento con el Estado, eran conscientes de que la república catalana era una ilusión y solo pretendían la movilización popular para conseguir mejor posición negociadora; podría resumirse que no son malos chicos, pero que 'se les había ido la olla'. Por ello, según los grados de implicación, las sentencias son por delitos de sedición y malversación de fondos públicos y varían entre trece y nueve años (en tres casos a 10 meses), con la peculiaridad de que su régimen penitenciario dependerá de la Generalitat de Cataluña, que tiene transferidas las competencias de prisiones (con el precedente de la familia Pujol, esto sí que es tener visión de futuro). La sentencia, conforme a la valoración de las intenciones de los procesados, como pretendían algunas defensas, resulta sorprendente, pero permite un fallo unánime de importancia ante futuros recursos. Nada que objetar y las sentencias están para cumplirlas. Pero no puedo evitar preocuparme cuando los implicados, la Generalitat y el Parlament, afirman que no están arrepentidos y volverán a hacerlo en cuanto puedan. Y es que hay gente empeñada en dejar mal a todo el mundo.

El Tribunal Supremo tiene toda la razón cuando afirma que le incumbe «ofrecer –ni siquiera, sugerir o insinuar– soluciones políticas a un problema de profundas raíces históricas». Efectivamente, ellos solo vigilan el orden constitucional, para 'lo otro' están otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, en una bochornosa etapa de incapacidad funcional, provocada por unos líderes irresponsables ante lo que sucede. En última instancia, la palabra es de los ciudadanos, eligiendo a sus representantes o mediante consulta en referéndum. En estas circunstancias, está claro que la intención del tribunal ha sido optar por una sentencia prudente para evitar radicalizaciones, que deterioren la convivencia ciudadana. Sin embargo, la lógica independentista es ajena a estas intenciones, la califica de vergonzosa e injusta y, de nuevo, moviliza a la gente, altera la convivencia, intimida a los disidentes y muchos optan por marcharse. Con independencia de la sentencia, en la estrategia independentista su fecha estaba marcada para aportar un nuevo impulso contra el orden constitucional. Mientras el Gobierno mira hacia otra parte, sin otra estrategia propia de respuesta, el independentismo la tiene perfectamente pautada: manipulación informativa, compra de voluntades a 'lobbies' internacionales (con dinero del Estado español), 'ocupación' de cargos en instituciones representativas de la sociedad civil … Todo ello articulado sobre un relato demagógico que aprovecha el descontento social de la crisis de 2008, todavía no superada y en espera de recaída.

Se ha creado una división profunda en la sociedad catalana y, en menos de diez años, se ha pasado de una Cataluña diferente, dentro del mosaico diverso español, a una Cataluña excluyente, con un profundo odio hacia España y lo español, alentada por el poder político… y el desafío continúa. Hace años que reclamo una estrategia del Estado frente al independentismo, cuyas mentiras y actuaciones sectarias se han denunciado, meritoriamente pero a título particular, como el caso de Josep Borrell antes de ser ministro. Él mismo planteó hace tres meses al Instituto Cervantes «construir el relato exterior de España»; ciertamente es necesario, pero no es un cometido de cada sede en cada país. Ese relato debe construirse para España y los españoles, como pieza básica de una estrategia para afrontar una crisis de Estado.