El segundo punto del pacto con Bildu

Así que me voy a centrar en lo que considero lo más importante de ese documento firmado el miércoles y que, por lo que sabemos hasta ahora, nadie ha corregido todavía: el punto dos. Dice así: «Las entidades locales, forales y autonómicas dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del Covid 19. Para las Entidades Locales, estos gastos en políticas sociales serán exceptuados del cómputo de la regla de gasto. La capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras». La primera frase es un brindis al sol. Por eso se añaden las dos siguientes, para que el propósito original encuentre el cauce que lo haga practicable. En el caso de los ayuntamientos, PSOE, UP y Bildu deciden saltarse la regla de gasto que somete esa capacidad. La regla de gasto, criticada por alcaldes de todos los partidos, latitudes y escalas, procede de una exigencia europea de disciplina fiscal y financiera. Los ayuntamientos no pueden gastar cada año lo que podrían, sino que deben ajustarse a límites vinculados al PIB que favorecen el ahorro. Parece loable la propuesta, aunque entrañe riesgos, pues seguramente no habrá mejor oportunidad de justificar el uso de los fondos acumulados en épocas de bonanza como paliar ahora los terribles efectos sociales de la crisis por coronavirus. Lo sangrante es que el PSOE y Unidos Podemos dejen que algo que vienen reclamando durante años los ayuntamientos, que el propio Gobierno había cuestionado recientemente (incluso suscitó la crítica del primer edil vallisoletano, Óscar Puente, a sus compañeros de partido), acabe rentabilizado políticamente por Bildu como un logro de los abertzales. O sea, da igual que seas alcalde de una gran capital y defiendas un argumento con solidez. Ni tu partido te hará caso. Lo único que importa es lo que necesite el Gobierno para lograr sus propósitos.

Sin embargo, mucho peor es la tercera frase, que en la práctica privilegia a las comunidades vasca y navarra respecto del resto porque el PSOE y UP les concederían una competencia (una más) que no posee el resto: la capacidad de endeudarse, como regiones ricas fiscalmente autónomas, en función de sus propias condiciones. O sea, que el Gobierno acepta que estas dos comunidades se pasen por el arco del triunfo la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es la que limita los techos de deuda de todas las administraciones de manera conjunta. Es insolidario, es irresponsable, es excluyente y me temo que será un punto que a las instituciones europeas les inquiete tanto o más que el de la reforma laboral. El gran problema es que, nuevamente, este gobierno ha demostrado –sobre todo cuando se apresuró a deslizar la peregrina idea de que alcanzó el acuerdo con Bildu por miedo a ser traicionado por PNV o Ciudadanos– que está desbordado por las circunstancias y por una triangulación de minorías ingobernable. También ha demostrado que su capacidad de ceder ante todo aquel que quiera cargarse este país no tiene límites. Si creemos que, con este panorama, estamos en condiciones de que en Europa se fíen de nosotros, vamos listos.