Ruido de togas

Curiosamente la única asociación que no ha visto en peligro uno de los elementos sustanciales de la separación de poderes y se ha negado a firmar la carta al comisario europeo de Justicia se autodenomina Jueces para la Democracia. Quizás ha llegado la hora de cambiar un nombre que indirectamente sugiere que no hay democracia o que el resto de las asociaciones no persiguen ese objetivo. Ya lo intentaron hace unos años, pero al final sus aproximadamente quinientos asociados se resistieron a perder una marca que les identifica como progresistas frente a conservadores. El cambio se quedó en: Jueces y juezas para la democracia. Desde que se creó en 1984 como escisión de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura) la marca ha funcionado perfectamente para colocar a sus miembros en puestos de responsabilidad cuando llegan los socialistas al poder.

El detonante de la rebelión judicial ha sido la quiebra por parte del Gobierno de los pactos que regulan la elección de los órganos institucionales de los jueces para suprimir las mayorías reforzadas necesarias para evitar el control de un solo partido. Y, como colofón, dejar vacío de poder al actual Consejo mientras no se produzca la renovación que desea Sánchez. «Riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en España» dice la carta de jueces y magistrados al Gobierno de la Unión. Puede sostenerse con fundamento que el juez Ricardo de Prada, autor de la sentencia sobre una pieza de Gürtel en la que dio por probada alegre e irregularmente la caja B del PP que se estaba enjuiciando en otro tribunal, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

La resistencia del PP a aceptarlo como miembro del CGPJ ha ofrecido a Pedro Sánchez la coartada para una deriva autoritaria que podría culminar en un estado de jueces a la carta. Quizás el presidente no ha medido las consecuencias de su desafío a jueces y magistrados. Pero con la judicialización de la política quizás piense que si quiere llegar al final de la legislatura tiene ganar la madre de todas las batallas judiciales.