Ruido de sables oxidados

En esta contraposición radica lo inaceptable de sus alegatos y de su posición, y es donde los juristas minuciosos podrían encontrar alguna transgresión de la legalidad, ya que como es lógico la libertad de expresión no amparan llamadas al desacato o a la rebelión.

En efecto, los militares que dejan de serlo recuperan las libertades constitucionales a las que habían renunciado en tanto formaban parte del estamento militar, la administración que gestiona la fuerza del Estado y que está claramente ubicada en un lugar concreto del marco constitucional. Pueden, pues, opinar particular o colectivamente del gobierno, de sus políticas, e incluso inscribirse en partidos políticos en pos de una participación activa o pasiva en los asuntos públicos. Pero ello no les autoriza a manipular la figura del jefe del Estado al ponerse a su disposición.

A disposición del Rey, ¿para qué? El Rey ejerce «el mando supremo de las Fuerzas Armadas» (art. 62 C.E (h), pero «los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes» (art. 64.1). E incluso, «al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz» (art. 63.3). Quiere decirse que el Rey es la cumbre de un engranaje en el que no disfruta de autonomía alguna, al contrario de lo que sucedía en el franquismo con el jefe del Estado. Pero no son las Leyes Fundamentales del Reino las que nos cobijan sino la Constitución del 78, de forma que la adulación al Rey es al mismo tiempo una invitación a que se salga del marco constitucional y asuma ilegítimamente un poder absoluto que por fuerza tendría que estar asentado sobre las bayonetas para resultar convincente.

En otras palabras, la invocación que se le hace al Rey y la abominación de las instituciones, con el Gobierno al frente, no es más que la manifestación de una actitud golpista, que se parece mucho a la pretensión de ejercer ese «derecho de supervisión» sobre el proceso político que se arrogan las milicias de las repúblicas bananeras, incapaces de ver que su papel es abominable cuando no proviene realmente del pueblo, de sus instituciones, de sus reglas universales establecidas en una constitución democrática.

Lo grave del caso es que estos individuos que portaron uniforme han sido los profesores de los militares actuales, por lo que a los ciudadanos nos es lícita la preocupación por las convicciones de nuestros soldados en activo. El domingo, Xosé Fortes, ilustre militar encarcelado por pertenecer a la UMD cuando era capitán de infantería en 1975, recordaba que la estatua de Franco no fue retirada del lugar más preeminente de la Academia General Militar de Zaragoza hasta 2006. No es muy reconfortante la anécdota a la hora de valorar el estado real de nuestras milicias, a las que, por supuesto, hay que otorgar la plena presunción de democráticas y constitucionales.

  De cualquier modo, los jubilados vocingleros ya le han otorgado un gran favor a este país: hemos hecho, una vez más, el ridículo en Europa, en Occidente, en la OTAN, en la comunidad internacional. El tópico de un país indómito, incivilizado, sanguinario, revoltoso, incapaz de convivir vuelve a relumbrar en los sables oxidados de nuestros viejos militarotes inciviles.