¡Otra ronda!

El Consejo de Ministros ha dado esta semana la segunda vuelta a la primera parte de la reforma de las pensiones. Una reforma que pretende dotar de estabilidad al sistema, incapaz de cuadrar sus cifras de gastos con la de los ingresos y que constituye una de las exigencias planteadas por la Unión Europea para liberar los cuantiosos fondos que nos esperan y en los que confiamos para encarar definitivamente la recuperación. El Gobierno se muestra muy orgulloso del consenso alcanzado entre los agentes sociales. En efecto, la oposición no sabe cómo desmarcarse de la propuesta, pues solo podría empeorarla para los beneficiarios y es muy consciente de que no conviene irritar a un colectivo tan numeroso y poderoso en votos. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a enfrentarse con más de nueve millones de airados pensionistas, que el mismo día de la aprobación gubernamental se paseaban por las calles de muchas ciudades? Solo podría ser alguien que quisiera arreglar de verdad el problema, pero quizás esa fuese la mejor demostración de que no está en su sano juicio.

Porque, por encima de tanta alegría general, lo cierto es que todas las medidas aprobadas empeoran las cuentas de la Seguridad Social y ninguna aporta una solución definitiva. Vea. Se arrumba definitivamente el factor de sostenibilidad planteado por el PP, que pretendía acomodar la evolución de las pensiones a la evolución de la demografía, de la esperanza de vida. Parece una idea bastante lógica, pero quizás eso haya sido, precisamente, la causa de su fallecimiento prematuro. La hemos sustituido por un interesantísimo plan de equidad intergeneracional del que solo conocemos el nombre y nada sabemos de su contenido. De momento, márketing vacío.

La preocupación de los pensionistas se centra en el monto de la pensión y por eso se les ha garantizado su revalorización de acuerdo a cómo evolucionen los precios al consumo, sin contar los años en que sea negativa, por aquello de que nadie se incomode. La cuestión del tiempo de cobro les trae sin cuidado pues es una cuestión general, de todos, y no particular de cada uno.

Pero es fundamental para el sistema, que se ve acosado por una preocupante reducción de la vida laboral, emparedada entre un acceso tardío al trabajo y una salida rápida por culpa de unas prejubilaciones que todas las empresas condenan y –casi– todas las grandes practican. La reforma del año 2011 planteó una escala de ampliación de la vida laboral que debería ampliarla hasta los 67 años. Y la reforma del 2013 pretendió desanimar las jubilaciones realizadas antes de la fecha legal, mediante su castigo en términos de unas menores pensiones. Esa era la idea pero, ¿qué ha pasado en la realidad? Pues que entre el 2010 y el 2020 España ha sido el segundo país en el que menos ha crecido la duración de la vida laboral, tan solo superada por ¡Chipre! En Alemania han empezado a debatir en serio la prolongación de la edad del retiro hasta los 70 años. Una medida inevitable que aquí nadie plantea.

El Gobierno ha presentado ahora, y los agentes sociales han apoyado, un esquema que toca todo lo que puede beneficiar a los pensionistas y evita todo lo que podría suponer una merma, por pequeña que fuera, de sus derechos y de sus posiciones consolidadas. Se supone que Bruselas mantendrá su exigencia de una segunda parte del paquete de medidas, ésas que se preocupará no tanto de contentar a los beneficiarios, sino de solucionar sus carencias. ¿Llegará? Pues vaya a usted a saber. Depende de cuando toquen las elecciones. Pero, si a nadie le preocupa, ¿Por qué iba a preocuparnos a usted y a mí? ¡No me sea cenizo, venga otra ronda!

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