El escandaloso control del poder judicial para eliminar barreras al ejercicio abusivo del poder no diferencia progresistas y conservadores. Unos y otros prefieren poner de árbitros a sus amigos. Así cabe luego retorcer la Ley, decir Diego donde decía digo y dictar sentencias para el mejor acomodo de la agenda de los gobernantes. A uno y otro lado del Atlántico está sucediendo, con sorprendentes similitudes en sus consecuencias. Son malos tiempos para la lírica liberal, vivimos el ocaso de la moderación y la prudencia.
Ya no se respeta ni el ámbito penal, con recientes intrusiones exculpatorias de las altas cortes. La americana ha ampliado peligrosamente la impunidad del presidente y ha librado de años de cárcel a quienes tomaron el Capitolio -los partidarios de Trump que atacaron la Democracia, nada menos-. La española está por cambiar el criterio interpretativo sobre los delitos de malversación y prevaricación, límites protectores del dinero público y la Ley, en contra de su aplicación en el Tribunal Supremo.
El lugar común de los dos bloques de magistrados caricaturiza instituciones especialmente necesitadas de legitimidad, además de ocultar el verdadero problema subyacente. Al nombrar copartidarios, se anticipan los resultados de las decisiones, siendo trivial el debate, los argumentos y la calidad técnica de las sentencias. Las simplonas etiquetas de progresistas y conservadores adecúan sus votos y disidencias justo a lo que de ellos se espera. Por eso las sentencias del Tribunal Constitucional español son demasiado previsibles y no dan sorpresas. También se vuelven efímeras hasta el siguiente cambio de mayoría.
Lo podemos intuir quienes seguimos leyendo la jurisprudencia cada mañana. El rechazo total a los recursos de inconstitucionalidad presentados por partidos a la derecha o la izquierda del arco político convencional corrobora el aval del acierto de los legisladores de turno. En los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas puede ganar la oposición, pero al tratarse cuestiones de fondo -el derecho de propiedad o los tratos discriminatorios- el rodillo funciona sin contemplaciones.
¿Fue esto siempre así? No lo creo. Francisco Tomás y Valiente o Gloria Begué Cantón son nombres que merecen ser recordados. El primero presidió con suma dignidad el Tribunal Constitucional y años después fue vilmente asesinado por ETA en su despacho de la Universidad. La Decana de la Facultad de Derecho de Salamanca, Senadora constituyente por designación real, fue su vicepresidenta y lideró elocuentes votos particulares. Aun se aprende repasando sus fundamentos, quizás por eso dicen que toda comparación es odiosa.
Trump lo ha entendido bien desde el principio. Sabe que puede vulnerar la Ley y cometer cualquier delito. Sólo necesita tener poder después para nombrar a los jueces que deben resolver los recursos. También está convencido de que encontrará personas así, siempre dispuestas a mostrarse agradecidas hasta el límite de retorcer la Constitución y quebrar el Estado de Derecho.
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