Lo de los lobos

Este asunto y otros muchos ponen de manifiesto la falta de análisis económico realista de las decisiones legales. Los millones de euros distribuidos para remediar los daños en los rebaños no son suficientes si se aplican en estos casos todos los requisitos generales de la responsabilidad patrimonial del Estado. Ni el requisito de la efectividad del perjuicio se puede probar en todo su alcance, ni la exigencia de relación de causalidad ofrece soluciones en aquellos supuestos en los que no se acredite sin duda que los agresores han sido lobos. Y si el pastor no es plenamente compensado, la solución no es justa.

La injusticia genera ira y reacciones contra el ambientalismo. Es muy fácil querer a los lobos desde las ciudades, defender el medio sin encajar las consecuencias prácticas de su protección, sin empatizar con quienes viven en las áreas rurales a las que se trasladan una serie de obligaciones y cargas carentes de presupuesto suficiente. La opinión de las personas en las zonas donde quedan lobos debería ser escuchada por los reguladores en todos los niveles, desde el autonómico hasta el Parlamento europeo.

Ni debería valer igual el voto de Baleares que el de Castilla y León a la hora de decidir sobre los lobos, ni tiene la misma legitimidad para opinar quien reside en Luxemburgo que el vecino de la Sierra de la Culebra. Casi nadie se manifestará contra la biodiversidad – una valor imprescindible -, pero el detalle de cómo se gestionan sus costes y se hacen compatibles diversas actividades merece algo más de conocimiento del terreno. Y conste que Europa favorece tal tratamiento adecuado, pero a menudo las autoridades nacionales optan por lo más simple.

Las controversias sobre las normas ambientales requerirían un enfoque pragmático, siempre con el fin de salvar las especies amenazadas y hacerlo sin perjudicar a nadie. En tal sentido, conviene dar noticia de la reciente Sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ha cambiado su criterio sobre el régimen jurídico de la protección administrativa del entorno natural después de cuarenta años, cuando se dictó la Sentencia Chevron (en 1984, contra una petrolera contaminante). El revuelo causado por este pronunciamiento entre los abogados estadounidenses merecía atención, pero ha sido eclipsado por las noticias sobre la campaña presidencial, aunque también en los debates electorales se manifiestan partidarios y adversarios del papel de la Administración y el de los tribunales respecto del medio ambiente.

La nueva doctrina, en el caso Loper Bright Enterpises, considera que no siempre se debe dar por válida en principio la interpretación de las normas que hacen las agencias administrativas, ni asumir que cualquier coste por el cumplimiento de las leyes debe ser encajado por los operadores económicos. Las empresas que han ganado el caso no son industrias multinacionales, sino un grupo de pescadores del Atlántico a los que la regulación obligaba a llevar en sus barcos observadores para tomar datos y evitar daños sobre especies marinas amenazadas. Ellos no se oponían a hacerlo, pero discutían que tuvieran que pagar los costes (un 20% de su volumen de negocio), cargas sin duda excesivas.

El ponente de esta sentencia ha sido el juez Roberts, un magistrado conservador moderado que antes fue abogado privado y también trabajó en el Departamento de Justicia. Su posición nunca ha sido contraria a las medidas de salvaguarda del medio ambiente. No es un adversario del ecologismo, ni un desaprensivo que sólo piense en el lucro egoísta. La mayoría de los jueces de la Corte –no así los progresistas– han preferido darles la razón a los pescadores afirmando que los burócratas no son los intérpretes auténticos de la ley, pues han de resolver los tribunales las dudas caso a caso. En España, los ganaderos merecerían la misma justicia, un tratamiento más considerado, compensaciones rápidas por daño emergente y lucro cesante. Y, por supuesto, el reconocimiento de su defensa del territorio donde aúllan los lobos.