Jueces contra corruptos

Todavía hay buenos jueces en España, mujeres y hombres que han heredado el prestigio de aquellos que en la Edad Media castellana seguían la tradición visigótica. Nuestro orden constitucional es judicialista, una nota de distinción reforzada por la tendencia a aprobar malas leyes y por la contumaz imprudencia de los políticos, incapaces tantas veces de cumplir con su deber ajustándose a Derecho.

Desde el inicio de la Democracia, más nos han salvado del mal gobierno sentencias oportunas que la falsa audacia de los parlamentarios. Podemos recordar tantos casos de corrupción en todos los partidos, que nadie puede considerar esta lacra patrimonio de los unos o los otros. Los vicios propiciados por la ebriedad del poder, las sinecuras oficiales, los elevados sueldos sin dar palo al agua y la sensación de irresponsabilidad son causa de su comportamiento.

Así es su conducta hasta que los cita un Juzgado, se inicia el proceso de aplicación objetiva y neutral de la Ley, y comienza el llanto y el crujir de dientes. No los salvan las insinuaciones de lawfare (manipulación política de los tribunales), escuchadas en boca de representantes de izquierdas y derechas. El intento de denigrar a los jueces y atacar su instrucción se observó en otros grandes procesos de financiación ilegal y desfalcos colosales de subvenciones y contratos públicos.

La ristra de escándalos políticos que terminaron con condenas sería interminable. Muchos culpables se salvaron gracias a indultos de sus amigos, un abuso degenerado al máximo con la Ley de Amnistía, inconstitucional documento de impunidad para quienes vulneraron el marco básico de la convivencia. No es extraño que los índices de percepción de la corrupción y la imagen internacional de nuestro país se estén deteriorando.

Razones de sobra hay para preocuparse, pero gracias a magistrados competentes, pronto veremos en la cárcel a algunos desaprensivos que hoy se jactan de sus maldades en platós de televisión. Quizás se autoengañan creyendo una versión errónea de la presunción de inocencia, pero este principio no es una capa de la invisibilidad, ni una patente de corso para proteger a piratas sin escrúpulos. Los enriquecimientos patrimoniales inexplicables y otras evidencias inocultables en tiempos de teléfonos móviles motivarán pronto sus condenas.

Los tribunales actúan sin prisa, pero sin pausa. No piensan en el titular de mañana, sino en la verdad procesal convincente. Los aduladores de los gabinetes partidistas no soplan al oído a los magistrados, no les aplauden los corifeos de ocasión. Sus togas les confieren una grave seriedad que se opone a las frivolidades de portadas y redes. No se dejan influir por el presentismo cortoplacista.

Además, todas las decisiones de los juzgados y tribunales son recurribles ante instancias superiores –un hecho que obvian en sus críticas los voceros de los gobiernos–, de manera que, si incurren en defecto legal, pueden ser revisadas y corregidas. La infalibilidad de la que parecen creerse imbuidos los ministros cuando hablan no se percibe en las declaraciones judiciales, mucho más prudentes y sabedoras de que la última palabra sobre la Ley compete a las altas cortes.

Por eso, la lucha enconada para ocupar el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional debería avergonzar a los principales líderes partidistas, especialmente a aquellos que dicen defender la Democracia y el Estado de Derecho. Si de verdad creen en estos principios, habrían de facilitar el ascenso de juristas independientes, íntegros y reconocidos como tales por sus colegas. Los más prestigiosos y capaces de la carrera judicial y el resto de las profesiones jurídicas.

Desde esta creencia en la dignidad judicial, resulta lamentable la escena de las Cortes autonómicas –un teatro del esperpento–, donde el mal orden de una votación ha permitido atacar a jueces de carrera más que respetables. Si la regla fijada es la terna más votada, no cabría votar en contra sin plantear alternativa. El lío en esta elección es un ejemplo más de atentado contra la independencia de los jueces.

La Unión Europea ya ha condenado a varios países por agredir a sus jueces, sabedora de la importancia de su papel para prevenir la corrupción y los abusos de poder. El día que lleguen las sentencias por corrupción y fraude con fondos públicos, los ladrones serán condenados, la Justicia pondrá a cada uno en su sitio y las bochornosas mentiras dichas en la televisión serán documentos ilustrativos de una historia española de la infamia.