Podemos disculpar su imprevisión a los tortolitos, pero hemos de pedir más responsabilidad a los políticos que administran nuestros impuestos. Sus problemas sentimentales no deberían perjudicar los intereses económicos de nadie, lo que ocurrirá si no se aprueban los presupuestos autonómicos debido a la reciente ruptura en el gobierno regional. De suceder, será una mala noticia para cerca de dos millones y medio de personas. Desempleados y trabajadores, funcionarios o laborales, sanitarios o pacientes, profesores o alumnos. Todos se verán damnificados si se rechazan las cuentas, así que estamos al borde de un despropósito.
La probabilidad de este resultado es alta porque no hay incentivos reales para la colaboración. Los procuradores, a diferencia de los divorciados, no necesitan encontrar otras soluciones habitacionales. El edificio donde trabajan nos costó casi un millón por cada uno de ellos (81), representantes de la soberanía que no van a dejar de cobrar por lo que sea que hagan. Pueden tomar decisiones dañinas para otros sin consecuencias inmediatas, así que, si no dan su visto bueno a los ingresos y gastos para 2025, de momento no se verán afectados en absoluto.
En cambio, sí se llevarán un buen chasco todas las empresas que podrían verse beneficiadas por los incrementos de varias partidas, los servicios públicos que requieren ampliaciones y refuerzos o los parados expectantes ante nuevas contrataciones. Ellos serán los perdedores de la falta de acuerdo, meros espectadores en la riña entre divorciados que se tiran los trastos a la cabeza en las Cortes de Castilla y León.
Toda vez que los grupos parlamentarios (como algunas parejas) no tienen ganas de negociar, bien podrían ahorrarse esas sesiones e irse a su casa renunciando al sueldo correspondiente. Si lo que piensan hacer es insultarse, eso lo pueden hacer en redes sociales (típico comportamiento de ex). La alternativa es empatizar con los colectivos concernidos, plantear aprobaciones parciales o enmiendas transaccionales en el proyecto de Ley. No está la economía para perder oportunidades, ni esta tierra castellana y leonesa para quedarse más rezagada. Tampoco merecemos políticos que actúen por despecho en los asuntos más importantes.
Sin mayoría parlamentaria, debido al divorcio, muchos problemas actuales se van a agravar; es imposible tomar decisiones de largo alcance. Para resolver la escasez de viviendas en el mercado, por ejemplo, son necesarias reformas en las leyes urbanísticas (estatal y autonómica) y nuevas partidas de inversión orientadas hacia los municipios. Así podrían adquirir o crear suelo público y construir casas para más gente (también para los divorciados).
En fin, no nos incumbe lo que hagan las mujeres y los hombres que se divorcian, pero sí tenemos derecho a saber por qué actúan como lo hacen los representantes del pueblo en el Parlamento regional, cuyo hemiciclo está coronado por un cubo de alabastro traslúcido, es decir, que deja pasar la luz, pero no permite ver lo que sucede dentro. Este material parece muy apropiado para ocultar las discusiones matrimoniales, pero muy caro y muy mal elegido para cubrir los debates en torno al dinero público.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.