17.000 millones (y también dos huevos duros)

Muy similar relación parece mantener el Presidente del Gobierno de España con el delincuente fugado Carles Puigdemont y con el ex recluso Oriol Junqueras, poli malo y poli bueno concertados para arramplar. Ahora que el coste de la vida requeriría bajadas de impuestos, estos señores con antecedentes pretenden que los españoles paguemos sus abusos y tropelías. La ministra de Hacienda, por otra parte, aprovecha que el Guadalquivir pasa por Sevilla y prepara su futura candidatura autonómica. Todos son beneficiarios potenciales del intento de esquilmar el presupuesto común. Y digo conato porque no se saldrán con la suya.

Antes o después, tocará cuadrar las cuentas. Un atraco a mano armada no se puede parar en Change.org; contra este desmán sí cabe sumarse a las voces políticas que no se venden para encubrir el atentado hacendístico. Isabel Díaz Ayuso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, lo ha dejado bien claro. A ella se han sumado el Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y otros responsables autonómicos. Estas voces en contra reflejan la opinión que se escucha en tantos lugares de España, donde millones de ciudadanos estamos hartos del negocio catalán, de quienes llenan la saca a costa de los contribuyentes.

Por supuesto, las comunidades autónomas deben prestar servicios sanitarios y educativos de calidad, desarrollar políticas sociales, promover la economía para generar empleo e intervenir con sensatez para resolver el problema de la vivienda. Todo esto han de hacerlo sin dilapidar, conscientes de las consecuencias de la presión fiscal y con memoria histórica de los efectos dañinos del endeudamiento. La sostenibilidad presupuestaria requiere contención, no gastar sin freno hasta que alguien peche.

Los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular habrían traicionado la confianza de sus votantes si hubieran aceptado esta componenda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La respuesta coherente de los dirigentes autonómicos populares es que debe cancelarse la deuda pública con un criterio común, unido a compromisos de mayor racionalización del gasto, reformas en la financiación autonómica, ajustes en la Administración y mejoras en la rendición de cuentas.

La lista de abusos que explican la deuda catalana es bien conocida (embajadas, promoción cultural antiespañola, apoyo a medios afines en el exterior, sueldos astronómicos para asesores, contratos a dedo con sus correspondientes condenas penales). La declaración unilateral de independencia fue la huida hacia adelante de un grupo de impresentables, varios de ellos condenados por corrupción. Así pues, cebar las presentes y futuras aspiraciones políticas de esa gente contraría el buen sentido. Los principios constitucionales de equidad, eficiencia y economía en la asignación del gasto público deben ser respetados, justo lo contrario que traslada el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y unos tipos que no creen ni en la Constitución, ni la solidaridad.

Entonces, ¿les vamos a pagar las facturas? Si esta ignominia llega a perpetrarse, prepárense acciones de inconstitucionalidad, exíjanse ahora y en el futuro responsabilidades políticas contra la actual Ministra de Hacienda (pluriempleada con intereses como candidata) y contra el resto de integrantes del Consejo de Ministros que voten a favor (varios aspirantes en otras Comunidades autónomas), y prepárese la cárcel para el condenado que pide huevos desde Bélgica.