El retorno del Rey emérito

Así las cosas, y dando por hecho que no existen causas posible contra don Juan Carlos antes de su abdicación ya que le protegía la inviolabilidad que le otorga la Constitución (ya se sabe que la doctrina del Supremo es que tal inviolabilidad afecta a todos los actos del Rey no sólo a aquellos relacionados con su función política), tan solo quedaría pendiente en la actualidad un caso denunciado por los medios españoles según el cual el rey Juan Carlos tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey, que habría tratado de mover, motivo por el cual el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) trasladó una alerta a la Fiscalía Anticorrupción. No hay noticias del curso de estas investigaciones, pero de momento el asunto no se ha judicializado.

En estas circunstancias, el Rey puede volver sin riesgo de ser detenido en la escalerilla del avión (la hipótesis no es metafórica), siempre que tenga la certeza de que no le aparecerán más cadáveres en el armario. Lo lógico es que, pese a todo lo ocurrido, el monarca que inauguró el actual proceso democrático, indudablemente fecundo, esté en este país y no hospedado en un estado de escasas virtudes democráticas. Claro que si regresa no podrá vivir en La Zarzuela -las razones son obvias-, deberá guardar una total discreción y procurará no interferir en los esfuerzos del actual titular de la Corona en su intento por devolver la prestancia, la credibilidad y la solvencia a una institución muy maltratada por don Juan Carlos en los últimos tiempos, cuando este país ya no miró hacia otro lado cuando llegaron las noticias sobre los excesos cometidos por el monarca en su vida privada.

El miércoles, Pedro Sánchez fue muy expresivo en sus declaraciones a Tele5 sobre la vinculación de los socialistas con la Corona desde que la Constitución de 1978 la institucionalizó en la jefatura del Estado, pese a que el PSOE había presentado una enmienda testimonial en favor de la república que no prosperó. Puede, pues, afirmarse que los partidos centrales del arco parlamentario sostienen inequívocamente la Monarquía, cuyo actual titular se ha comportado con exquisita delicadeza y con creciente transparencia, en connivencia con el Poder Ejecutivo, que sanciona los actos del Rey.

No hay contradicción alguna entre esta actitud que ya viene de lejos -Pedro Sánchez hace lo que ya hicieron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero- y la coalición PSOE-UP, en la que Unidas Podemos se declara fervientemente republicana. No es en modo alguno ilegal ser republicano o abrazar cualquier ideología compatible con los derechos humanos y el principio democrático, y cualquiera puede proponerse reformar la Constitución por las vías establecidas por ella misma a estos efectos.

Ahora, lo natural es que el Ejecutivo, de acuerdo con el Rey, proponga a las Cortes una ley de la Corona que acabe de acoplar la institución a sus funciones constitucionales y le aporte mayor transparencia y más seguridad jurídica, en línea con otras monarquías europeas en que también gobiernan ocasionalmente partidos republicanos. Con ello, la cuestión regia quedará cerrada y este país podrá dedicarse por entero a sus auténticos problemas y preocupaciones.