Respuesta fría

Por ahora, los reclamos del PP y Ciudadanos para la aplicación ya el artículo 155 o de la Ley de Seguridad Ciudadana caerán en saco roto. Su contundencia no es ajena a la precampaña electoral del 10 de noviembre. La insinuación de Inés Arrimadas de que Ciudadanos podría retirar el apoyo a Sánchez si no endurece su respuesta es el último viraje de Ciudadanos.

Los activistas de la guerrilla urbana detenidos en los disturbios se verán pronto las caras con la Justicia. Mientras, los condenados en el juicio del 'procés', con unas penas que suman más de cien años, siguen en la cárcel, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, mantiene contactos reservados con el vicepresidente catalán, Pere Aragonès (ERC), para buscar caminos de concordia.

El presidente de la Generalitat, que el viernes volvió a pedir diálogo con Sánchez, ha dejado de ser un interlocutor válido, si alguna vez lo fue. Y Carles Puigdemont, refugiado en una villa con aires presidenciales en Waterloo, está descartado. Quim Torra, que se sienta en la silla que ocuparon antes Josep Tarradellas, Jordi Pujol, Pasqual Maragall y tantos otros, se mantiene en sus trece: «Yo solo acato lo que diga el pueblo de Catalunya».

En esta encrucijada, la templanza de Esquerra Republicana y la prudencia de los socialistas que encabeza Miquel Iceta tendrían la llave para abrir una nueva pantalla que replanteara la situación, si reciben el apoyo de las urnas. Pero una nueva convocatoria autonómica es algo inviable a día de hoy. Quien tiene la potestad de convocarlas es precisamente Quim Torra.

¿Y qué dicen los independentistas pacíficos? Rechazan la violencia que expresa el fanatismo y así lo mostraron en las cinco marchas que caminaron desde distintos puntos de la geografía catalana hasta Barcelona. Unas marchas que de algún modo representaban a los dos millones que rechazan la sentencia del Tribunal Supremo y exigen la celebración de un referéndum de autodeterminación. Coexisten con otra mayoría más amplia, no independentista, pero que reclama una consulta sobre el encaje de su tierra en el Estado español, y con otra, muy reducida, que defiende la continuidad o la reversión de algunas competencias autonómicas.

La advertencia «lo volveremos a hacer», la repetición de la consulta ilegal del 1-O de 2017, tiene como portaestandarte al presidente de la Generalitat. Lo dijo en el Parlament y lo reitera cada vez que se tercie. A su juicio, sería otra oportunidad para dar respuestas a las ansias del pueblo de Cataluña. Una ensoñación más.