En respuesta a Francisco Igea

Cuando aparece en los medios de comunicación un artículo referido a historia, memoria histórica o memoria histórica democrática, escrito por una persona no especialista en la materia, hay que preocuparse seriamente por las consecuencias y la desinformación que genera si es que no era ese su objetivo. Quiero decir, que este tipo de artículos presentan muchas afirmaciones que necesitan aclaraciones y también errores manifiestos, lo que exige poner la . Obliga a quien subscribe a argumentar para desmontar las opiniones infundadas o erróneas del articulista y da bastante pereza intelectual, pero en este caso se trata del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y el consejero que tiene adscrita a su Consejería la atención a la Memoria Histórica Democrática (MHD) en la comunidad autónoma y es miembro nato del Consejo Asesor de MHD creado en el verano de 2018, aunque con el anterior gobierno.

No puede admitirse que con objeto de defenderse de las críticas recibidas sobre su supuesta sobre la Guerra Civil, por unas declaraciones suyas previas en las que criticaba y señalaba el envío (sin contar con el Consejo Asesor) de enmiendas al Anteproyecto de Ley de Memoria Histórica Democrática del gobierno de España, ahonde ahora y defienda una postura personal. Y no lo digo porque no entienda que la libertad de expresión es un bien irrenunciable y como siempre he manifestado: , las respetables son las personas. Además en el tema que nos ocupa, los propios historiadores somos conscientes de la importancia social, cultural y política como para dejarlo sólo en nuestras manos, por lo que deben ser oídas todas las opiniones fundamentadas.

Con el ánimo de claridad y brevedad, no deben utilizarse indistintamente los conceptos de Historia que trata de conocer todos los hechos y actuaciones tanto de los sublevados y su violencia institucional, sistemática y , la llamada ; como de la violencia de las milicias republicanas, sin apoyo gubernamental pero sí de las propias organizaciones políticas y sindicales en las que se encuadran. Es la . Ambas están perfectamente documentadas en los cientos de artículos y libros publicados (historiografía). Eso sí, claro, señalando que una violencia es institucional de los sublevados para eliminar todo vestigio republicano (se debate el término de ) y otra violencia no es institucional, ya que es repudiada por el gobierno, pero no es ocasional ni arbitraria, ya que está controlada por las organizaciones que amparan a las milicias. Cosa bien distinta es la Memoria Histórica (MH) (el propio término es debatido) que recoge las vivencias, traumas, recuerdos, relatos de todas las personas y colectivos sociales, políticos o culturales de distinta ideología. Muchos de ellos recogidos en la historia oral y hoy inundando la web 2.0, internet y redes sociales en las website de las asociaciones e instituciones memorialistas de todo el mundo, entre ellos España donde cada vez más CCAA han creado desde 2007, Centros e Institutos de MH (que no es el caso de CyL, responsabilidad de la Consejería que dirige el Sr. Igea). Esta MH presenta una información de todo tipo de violencias y víctimas de la represión de los sublevados como de las milicias republicanas. En ninguno de estos planteamientos se encuentra el Anteproyecto de Ley de Ley de Memoria Histórica Democrática del gobierno de España, como todas las Leyes de MHD de varias CCAA, que como bien dice el enunciado tratan de recuperar la MH Democrática española y en ella no pueden tener cabida los sublevados contra la legitimidad democrática de la II República. En definitiva un país democrático debe tener una MH democrática para realzar y poner en puesto de honor sus valores. Se podrá debatir y así lo hacen los propios Institutos y Centros de la MHD de las CCAA los aspectos de la violencia y el reconocimiento de de acuerdo con los organismos internacionales que buscan «Verdad, Justicia y Reparación». Con este preámbulo se desmontan fácilmente muchas afirmaciones del artículo del Sr. Igea ya que ninguna ley autonómica de MHD «niega la existencia de víctimas del fanatismo… en la retaguardia republicana», por la simple cuestión de que no están reescribiendo la Historia de España del periodo, pues ya está hecha y asumida por la comunidad científica y por tanto esta y otras leyes no pueden «humillar a unos y ensalzar a otros», como dice el Sr. Igea.

Otro error común, interesado, es suponer que la Transición política en España se hizo en un pacto entre iguales entre los reformistas del franquismo y los grupos antifranquistas, y que la memoria de los vencidos en la Guerra Civil que, como dice el Sr. Igea, fue propio del «espíritu de concordia», para crear «Una legitimidad que renunciaba a ambas legitimidades, la de los vencedores y la de la república». Aquí es donde el citado autor equipara la legitimidad de los «golpistas» con los defensores de la democracia, aunque fuera limitada, de la II República. Estas manifestaciones, dejan al historiador: . El pacto no escrito de de la memoria de las víctimas de la represión franquista y de los luchadores por la democracia durante el franquismo fue uno de los precios que pagó la oposición, ya que el régimen franquista pasó con todas sus «armas (todas las fuerzas de orden público y ejército) y bagajes (administración, justicia, grupos de poder económico, etc.)» a instalarse en la nueva democracia. Lo que lastra a la democracia española, es que este silencio con las víctimas se mantuviera durante las mayorías del gobierno socialista y por tanto, la versión histórica de los vencedores de la GC, anclado en los libros de texto hasta fechas recientes.

Por todo lo dicho no se entiende que el Sr. Igea hable de lo que es o no es historia, y que ésta debe restringirse a los archivos y no a las numerosas fuentes existentes en el mundo digital en el que vivimos. Pero lo más llamativo es que teniendo el Sr. Igea un Consejo Asesor de MH en su Consejería, con representantes de las universidades públicas de CyL y del movimiento memorialista regional no haya sacado adelante las iniciativas de crear Unidades Didácticas adaptadas a la MHD ni haya visos de proponer una Ley de MHD en CyL a pesar de tener propuestas sobre la mesa y sabiendo que esta CCAA es de las pocas que quedan en España sin una Ley que desarrolle el Instituto de la MHD en cuyo seno podrán debatirse y discutirse las propuestas.

Así pues, no se entienden y no se fundamentan las críticas que hace al Anteproyecto de Ley de MHD del gobierno, desde la Vicepresidencia de la Junta de CyL, ya que, además, tendría que hacerlo contra todas las CCAA que tienen un marco legal consensuado por expertos en el que discutir y debatir, siguiendo las directrices y acuerdos internacionales que fijan como una obligación con las víctimas y todos los que padecieron persecución por sus ideas, y en este caso con los defensores de nuestras libertades democráticas que hoy disfrutamos. Quizás, con la aprobación de esta ley estatal, CyL pueda tener un Centro/Instituto de MHD que elimine el debate estéril.