La remontada empieza hoy

Oportunamente, enero no será un mes de vacaciones para el Parlamento español, que acaba de aprobar a velocidad de vértigo los Presupuestos, además de las leyes de la eutanasia y la educación. Para un Gobierno de coalición con nula experiencia en el método, y en plena pandemia, no está mal el portento logrado en este malhadado 2020, en que como es lógico la preocupación principal estaba en la contención del virus. Según ha hecho saber el Gobierno, en enero empezará a tramitarse la ley de cambio climático, que podrá recuperar criterios que parecieron utópicos mientras Trump permanecía en la Casa Blanca, y que será decisiva a la hora de planear las inversiones con los recursos que llegarán de Bruselas para recuperar el ritmo económico y el empleo.

Habrá además el trámite de otras leyes como la de la cadena alimentaria y de protección de la infancia, y comenzará sus trabajos la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, en la que saldrán a la luz las policías paralelas de Fernández Díaz y sin duda nuevas revelaciones del siempre temible comisario Villarejo, quien ya tiene poco que perder. En enero intentará Sánchez convencer a Casado de la conveniencia de renovar las instituciones, y no ha de descartarse que la dureza o no de Kitchen dependa de la disposición del PP para normalizar el CGPJ y las demás instituciones de designación parlamentaria.

En enero se harán también los preparativos económicos de puesta en marcha de los presupuestos nuevos, y comenzará elaborarse un plan de reformas que habrá que enviar a Bruselas en febrero, y que deberá contener ciertas decisiones polémicas que no están adoptadas aún. La subida del salario mínimo (SMI) parece descartada, no tanto por su significación objetiva sobre el colectivo que lo percibe cuanto por sus repercusiones como indicador en toda la economía.

Además, Calviño y Escrivá parecen decididos a imponer un cambio significativo al acuerdo logrado en la Comisión del Pacto de Toledo sobre las Pensiones, que consagra la revisión anual con el IPC y suprime el factor de sostenibilidad que había introducido Rajoy en su reforma de 2013: el de computar 35 años de vida laboral y no de 25 para el cálculo de la pensión de cada trabajador; ello supondría una reducción del orden del 6% del gasto total en pensiones. Por último, habrá que negociar con Bruselas la revisión de algunos extremos de la reforma laboral vigente, en especial los encaminados a reducir la temporalidad y la precariedad.

En todos estos asuntos, no hay todavía acuerdo entre el PSOE y UP, ni siquiera una coincidencia clara en el análisis: en tanto el PSOE piensa que el estancamiento de la coalición en las encuestas proviene de ciertos guiños radicales que generan rechazo, UP cree que ello se debe a todo lo contrario: a no haber emprendido con la decisión necesaria las reformas que esperaba la ciudadanía, que debían haber restañado los restos de desigualdad insoportable que dejó como secuela la crisis anterior, y que el Gobierno conservador de Rajoy no se ocupó de restañar.

El inmediato futuro viene además marcado por un hito trascendental, que es el de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Cataluña y el Estado se juegan mucho en el envite, que debería ser el preámbulo del apaciguamiento del conflicto, todavía vivo, en el Principado. Pero este asunto merece atención aparte.