No tenemos remedio

Esta semana el Congreso aprobó la ley Celaá, la octava norma educativa de España en democracia. El patio se ha revuelto de lo lindo porque las escuelas concertadas, la asignatura de religión, la eliminación del castellano como lengua vehicular del Estado y otros aspectos, como los relacionados con las exigencias académicas, se han visto modificados. Pero lo cierto es que, en el fondo y al margen de estas circunstancias, la ley adolece de los mismos defectos que las anteriores: no responde a una estrategia de país.

Aquí, por no ser, no somos capaces ni de hacer una evaluación única para todos nuestros alumnos, de modo que el acceso a la universidad mediante la EBAU es más fácil en unos sitios que en otros. Un sobresaliente no cuesta lo mismo en Castilla y León que en Extremadura, Galicia o Castilla-La Mancha. Esto ya ha sucedido en otros momentos, con gobiernos de todos los colores y por otras causas. Por ejemplo, la Ley Wert fracasó porque fue impuesta por el rodillo de la mayoría absoluta de Rajoy. El propio Tribunal Constitucional echó para atrás algunos de sus preceptos.

Y esta fracasará porque ha salido adelante no ya por la mínima, sino como moneda de cambio en las concesiones del Gobierno a sus socios separatistas, nacionalistas y filoetarras, los que ha elegido para sacar los presupuestos adelante. No deja de ser paradójico que el presidente, Pedro Sánchez, se quejara en una carta a la militancia del partido de que «los presupuestos son tan indispensables y su orientación es tan indiscutible –de verdad que hace falta ser prepotente– que los adversarios del Gobierno progresista evitan hablar de ellos y desvían la atención hacia polémicas artificiales y noticias inventadas». Porque luego ha aceptado someter toda una ley de educación a las facturas que sus aliados han querido que pague por la aprobación de unas cuentas nacionales. ¿El puede mezclar presupuestos y educación y los demás no pueden mezclar en sus críticas los presupuestos y la lucha antiterrorista?, que es a lo que se refería el jefe del Ejecutivo cuando usaba el concepto «polémicas artificiales».

Lo más grave de todo es, nos obstante y como siempre, el flaco favor que le hacemos a las próximas generaciones de ciudadanos endulzando cada vez más los niveles de exigencia, excelencia y trabajo en las aulas. Les estamos dejando un país para salir corriendo. Porque eso es lo que les hará vulnerables de verdad: deteriorar su capacidad de pensamiento crítico, de diferenciar la verdad y la mentira y, consecuencia de ello, la salud de nuestra democracia. Sobre todo hará vulnerables a las generaciones de españoles con menos recursos. Recupero un párrafo del libro 'La escuela no es un parque de atracciones' de Gregorio Luri: «Si un niño rico encuentra al llegar a la escuela cerradas las puertas del conocimiento, tiene otros lugares a los que acudir. El pobre no. Los pobres merecen una escuela ambiciosa que no aspire simplemente a entretenerlos. Se merecen profesores que no sientan lástima de ellos y que no les exijan menos de lo que pueden dar de sí». No tenemos remedio.