Regular el desperdicio alimentario

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un proyecto de ley, con el que comienza un proceso de discusión y aprobación parlamentaria que debería permitir así su entrada en vigor el 1 de enero de 2023. Algunas de las medidas más llamativas son la obligación de disponer de planes de prevención o las fuertes sanciones a los más infractores. Se trata de aplicar el modelo de quien desperdicia paga, frente al de quien no desperdicia se le premia; un viejo debate que nació con las primeras políticas ambientalista de la UE.

En todo caso, este tipo de medidas no va a conseguir mejorar nuestra economía de forma perceptible ni va a paliar el hambre extrema que se sufre en muchas parte del mundo. En la práctica la gestión alimentaria no depende solo de la capacidad de generar excedentes suficientes, sino de ponerlos en destino en buen estado, para lo que alguien los tiene que comprar o, se deben donar, con los enormes gastos logísticos que supone.

Lo que sí puede alcanzar esta nueva norma son dos logros no menores. Uno intangible, como es la generación de conciencia social sobre el valor y la necesidad de cuidar de nuestros alimentos; y otra más tangible, como socorrer a aquellas personas que viven en la UE y que necesitan ayuda para poder acceder a alimentos.