El acuerdo sobre la nueva Ley de Servicios Digitales alcanzado por los socios de la UE –«histórico», en palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen– persigue poner coto a la desinformación, los discursos del odio y otros contenidos ilícitos o nocivos ... en internet por la vía de corresponsabilizar de los mismos a los gigantes empresariales que operan 'on-line'.
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El argumento que sostiene la normativa, aquello de que lo que es ilegal fuera de la red lo es también dentro de ella, resulta tan irrebatible que hacía imprescindible avanzar en la regulación del sector. Una regulación que ha de conjugar la libertad de expresión y, en una escala inferior, la de mercado con otros derechos que pueden verse, o se están viendo ya, vulnerados a través de las posibilidades tecnológicas que ofrece el ecosistema digital.
La legislación europea recién pactada supera el ámbito de los estados en un intento de poner puertas al campo de los desmanes –algunos tan venenosos para la democracia como los intentos de manipular procesos electorales– detectados 'on-line'. Pero la reglamentación ha de ir acompañada de un nuevo civismo por el que cada internauta tome también conciencia de los contenidos a los que accede, elige o comparte.
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