La reforma de la ley mordaza

Si no se tienen en cuenta estos precedentes, difícilmente se comprenderá la sensibilidad de la gente de este país ante las cuestiones de orden público, que son en cierta manera un reflejo de la consideración que merezca el catálogo de grandes derechos humanos, ya que el Estado debe tener como misión esencial el facilitamiento a todos del ejercicio de tales derechos. Por decirlo de otro modo más comprensible: las fuerzas de seguridad del Estado tienen, antes que el objetivo de mantener el orden público, la obligación de facilitar a la gente el disfrute de sus derechos de reunión, manifestación, libre circulación, etc. Ello conduce a una interpretación abierta y generosa del concepto de seguridad, que no puede consistir en un recorte de las libertades básicas. Por eso no cabe en la legislación de una democracia una ley como la vigente Ley de Seguridad Ciudadana -la ley mordaza-, en la que se busca preferentemente una anodina paz pública en la que los miembros de los cuerpos de seguridad deben supuestamente proteger a la gente de la turba.

Las reformas que se van a introducir son pertinentes en términos generales, y de su enunciado se desprende que van en la dirección correcta, aunque como es lógico se depuren a lo largo de la tramitación parlamentaria. Pero una somera relación dará idea del sentido de la norma: no se considerar ilegales las manifestaciones no comunicadas que se produzcan espontáneamente y no generen violencia (por ejemplo, las que se suscitaron al conocerse la primera sentencia contra La Manada); los cacheos deberán ser discretos y en ningún caso podrán producir la desnudez del investigado; la retención de una persona durante o tras una manifestación podrá durar un máximo de dos horas y no seis como hasta ahora, y el detenido deberá ser acompañado de vuelta al lugar donde se produjo su retención; la actuación en casos en que estén en juego las libertades de reunión y manifestación se ceñirá a los criterios vinculados a los derechos humanos: las multas que se impongan serán proporcionadas a la situación económica del sancionado; la toma de imágenes de agentes de la autoridad no será sancionable, aunque sí el uso torticero de tales imágenes contra la intimidad del funcionario; los medios represivos y antidisturbios serán inocuos y no se permitirá el lanzamiento de pelotas de goma, que ha producido accidentes irreparables; la tenencia de drogas para el consumo (no para el tráfico) en un lugar público pasará de ser infracción grave a leve; se modula la pretensión de veracidad del testimonio de un funcionario, que deberá ser «razonable»; el documento de identidad incorporará la lengua propia del territorio de residencia del titular, etc.

Como puede verse, una ley que se pensó para reprimir pasará a ser ahora una norma que pretende encauzar los conflictos con toda la sutileza que exige el estado de derecho. Las policías no solo han de garantizar el 'orden público' sino también el ejercicio pacífico de las libertades, siempre respetando la dignidad de las personas, que son los titulares de la soberanía. En el fondo, la ley original y su reforma describen la distancia que media entre la derecha y la izquierda.